5 de julio 2002 - 00:00

Ordenarían suspender suba de 1,2% de las telefónicas

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) ordenaría a Telefónica de Argentina en las próximas horas que cese de cobrar el adicional de 1,2%, que la empresa incluyó en las facturas de este bimestre, en concepto de «transacciones financieras», trasladando a los usuarios el impacto del impuesto al cheque.

Según trascendidos, la decisión del organismo, presidido por Adolfo Italiano, se fundamentaría en la Ley de Emergencia Pública, y coartaría la posibilidad de que otras privatizadas adopten la misma actitud de Telefónica.

En principio, la ley de emergencia sólo pesifica las tarifas de los servicios públicos en la proporción 1 a 1, y prohíbe toda cláusula indexatoria.

• Reglamentación

Desde ese punto de vista, el traslado de un impuesto nuevo a tarifas no estaría incluido. Pero en apariencia, la CNC también se habría remitido a lo dispuesto por la resolución 38 del Ministerio de Economía que reglamenta la ley.

Dicha norma indica que los organismos de control de los servicios públicos «deberán abstenerse de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los precios y tarifas de los servicios públicos».


También establece que esos organismos «deberán interrumpir los procesos de revisión tarifaria, o cualquier otro mecanismo de fijación de precios y tarifas». Con esto, la medida congeló de hecho las tarifas, aunque luego, por otra resolución, se exceptuó a los ajustes por razones estacionales del precio del gas en boca de pozo y la electricidad.

De todas formas, la disposición de la CNC podría ser apelada por Telefónica en una instancia superior. Esto es así porque el contrato de concesión asegura la estabilidad tributaria y permite trasladar a tarifas el impacto en los ingresos de la empresa de cualquier nuevo gravamen.

En principio, ambas partes se encuentran en una situación vulnerable desde el punto de vista legal. Los funcionarios de la CNC habrían estimado que el impuesto rige desde abril del año pasado y que Telefónica pudo haberlo trasladado hasta la declaración de la emergencia pública. Pero que ahora rige la prohibición de fijar nuevas tarifas.

La empresa, por su parte, podría aludir a que en la ley o en las resoluciones reglamentarias no se establece que queda sin efecto la cláusula de estabilidad tributaria de los contratos. También podría afirmar que la tarifa no fue modificada porque sigue rigiendo el mismo valor del pulso, y se añadió un ítem específico.

El traslado del impuesto al cheque en este momento se atribuye a la necesidad de generar más ingresos por parte de las privatizadas, debido al congelamiento de las tarifas y a la falta de expectativas de que el gobierno tome una decisión sobre el tema en el corto plazo.

• Adecuación

Tiempo atrás, tanto desde el Ministerio de Economía como desde la Secretaría de Comunicaciones, se dejó trascender que habría una adecuación de las llamadas internacionales, que implicaría prácticamente su dolarización, y que esto no tendría impacto sobre los consumidores residenciales porque más de 80% de esas comunicaciones se genera en el sector no doméstico.

Sin embargo, esos trascendidos fueron desmentidos a las pocas horas de haberse difundido, creando más malestar en las telefónicas históricas y en las nuevas. En los últimos dos meses, Telefónica y Telecom redujeron bonificaciones en varios servicios y en llamadas internacionales, al tiempo que crecieron las dificultades para obtener una línea nueva porque, según las empresas, lo que se llama «la última milla», esto es el tramo para llegar a un domicilio, es la parte más cara en la instalación de un teléfono.

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