Al financiamiento para el aumento a jubilados que dispuso la Corte Suprema el gobierno nacional deberá sumar los fondos para cancelar en 120 días hábiles las sentencias judiciales que reconocieron reajustes de haberes previsionales.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El proyecto, que el propio Poder Ejecutivo envió al Congreso, ayer fue convertido en ley y deberá atender juicios por un valor superior a $ 9.000 millones. Esta suma será cancelada mediante bonos, aunque no se emitirían nuevas series de BOCON.
Esto implica, además, una reforma a la Ley de Solidaridad Previsional, que establecía que esas sentencias se pagarían solamente hasta los fondos autorizados por el Presupuesto y en un orden de prelación según la edad del jubilado.
Ahora se cancelarán todas esas deudas pendientes o por fallos judiciales en el futuro.
