El gobierno volvió ayer a cuestionar al tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI), donde la Argentina enfrenta varios juicios de empresas de servicios públicos, al denunciar la inequidad de su sistema procesal y reiterar la falta de transparencia del foro. «La Argentina se encuentra ante un escenario extraordinariamente adverso en el CIADI», denunció ayer el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, ya que el país debe afrontar «demandas inverosímiles en un estado de total indefensión».
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Al explicar los cuestionamientos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el tribunal arbitral del Banco Mundial, Guglielmino dijo que «las empresas pueden pedir mil veces más de lo que en realidad piensa que pueden discutir, sin que por ello deban pagar tasa de justicia ni costas».
Al respecto, el procurador recordó que «el sistema procesal de cualquier país del mundo, tiene reglas muy precisas y demandar es caro, de manera de desalentar a los aventureros». Como ejemplo, citó que «en un juicio donde se debería estar discutiendo entre 0 y 20 millones de dólares, el país debe litigar para demostrar que no debe 400 o 700 millones de dólares».
La Argentina ya cuestionó la jurisdicción del CIADI, donde enfrenta juicios por 16 mil millones de dólares, que considera deben ser sustanciados en el país, y que las empresas entablaron en el tribunal del Banco Mundial, ya que cuando los servicios públicos fueron privatizados el ex presidente Carlos Menem renunció a la soberanía de los tribunales locales.
• Imputación
Otro de los cuestionamientos de la Argentina hacia el CIADI es su falta de trasparencia, acusación que recae sobre el presidente del tribunal que juzga las demandas de las empresas Azurix-Enron y Siemens por unos 1.200 millones de dólares. Gugliemino recordó ayer que el juez español Andrés Rigo Sureda «ha propuesto como árbitro en un caso en que su estudio jurídico va a patrocinar una demanda contra Perú, casualmente, al abogado de Azurix y Siemens». Las demandas en el CIADI contra el Estado argentino fueron iniciadas durante 2002 como consecuencia de la devaluación que sobrevino tras la salida de la convertibilidad y de la Ley de Emergencia Económica que dispuso el congelamiento de las tarifas por parte de Azurix, AES, L&G Energy Corporation, Camuzzi y CMS (accionista de Transportadora Gas del Norte), entre otras empresas.
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