Pasadas las 20, cuando los pasajeros amenazaban con provocar serios disturbios en la terminal de Retiro, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por cinco días hábiles en el conflicto que enfrenta a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con los empresarios de larga distancia, por lo que los choferes levantaron el paro programado por cuatro horas hasta 24 horas.
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La UTA ya había anunciado un nuevo para hoy, en este caso de seis horas entre 18 y 24, pero también habían adelantado que los micros terminarían saliendo con demoras, pero los viajes se cumplirían.
Aunque el período de conciliación dura cinco días y con eso se salvarían las dificultades para el fin de semana largo, la cartera laboral convocó a las partes a una nueva audiencia a partir de las 11 de hoy para intentar destrabar definitivamente el conflicto generado por el reclamo sindical de aumento salarial de 38% y de «estricto respeto» a la jornada legal de descanso. Por otra parte, los trabajadores de las estaciones de servicio, garajes, lavaderos y playas de estacionamiento paralizarán hoy las tareas y marcharán hacia el Congreso en rechazo de los últimos aumentos de combustibles y en demanda de la inmediata sanción de una ley de comercialización que proteja sus fuentes laborales. A la protesta adhirieron expresamente los empleados de la provincia de Buenos Aires, quienes adelantaron que hoy habrá «una reducción de la atención en las estaciones de servicio».
El titular de la Unión de Expendedores de Naftas y Afines de La Plata, Luis Malchiodi, resaltó la importancia que representa la sanción de una ley de comercialización, ya que clarificará «el rol de las estaciones de servicio y preservará las fuentes de trabajo».
• Dificultades
Adelantó que el usuario tendrá mañana « dificultades», ya que algunas estaciones de servicio permanecerán cerradas.
Los trabajadores paralizarán las tareas desde las 15 en todas las estaciones de servicio del país y, dos horas después, marcharán hacia el Congreso para presentar sus reclamos.
La iniciativa sindical, entre otros puntos, contempla la reducción de la concentración en la comercialización de combustibles por parte de las petroleras y la prohibición de que las empresas fijen el precio al consumidor, el que debe ser determinado por «la libre competencia entre todas las compañías».
El titular de CECHA (Cámara de Estaciones de Servicio), Raúl Castellano, y otros miembros que representan a los propietarios de las estaciones expresaron su «profunda preocupación» por la situación del sector, ya que «los únicos perjudicados por la puja con las empresas Shell y Esso son los expendedores de combustibles y los trabajadores». Añadieron que «la actual situación en gran medida se debe al vacío legal existente en materia de comercialización de combustibles, que deja a estacioneros, empleados y consumidores a merced de las decisiones de las petroleras y de las reacciones oficiales», concluyó Castellano.
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