Para la Corte, es inconstitucional

"Obligadamente la Corte tendría que declarar la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia si sale redactado como dicen los diarios." La revelación en relación con la norma que anoche aún no había firmado Eduardo Duhalde fue hecha a este diario por una alta fuente del Poder Judicial que se basó en el artículo 43 de la Constitución que garantiza la aplicación de los amparos como un derecho esencial y cuya reglamentación no puede estar sujeta a una medida administrativa del Poder Ejecutivo aun cuando tenga ratificación por parte del Congreso, otro requisito que exige la Carta Magna para otorgarles validez a estas medidas excepcionales.

Tampoco en la Corte se ocultó la molestia que causó no haber recibido un borrador previo con la medida que se dio a conocer a través de la prensa y más de un juez supremo pidió que se negara expresamente la existencia de cualquier negociación con el gobierno para darle aval jurídico a la solución del «corralito» financiero.

• Advertencia

Es que en las conversaciones previas con los enviados de Jorge Remes Lenicov, los ministros judiciales le habían advertido que el decreto no podría apartarse demasiado del fallo de la Corte sobre el caso Smith donde ordenó devolver un depósito. Es que sobre la cabeza de los jueces pesa la garantía constitucional del derecho a la propiedad.

Otro síntoma de que el clima no es propicio para los intereses del gobierno de Duhalde en los tribunales fue la decisión de la Corte de no prorrogar el feriado judicial en las casi 200 secretarías que se encuentran habilitadas en los fueros Contencioso Administrativo Federal, Civil, Comercial y Laboral para recepcionar los recursos de amparo que están presentando los ahorristas y que se acercan a los 200.000 expedientes. Si bien la resolución de estas medidas cautelares sólo estará en manos de los jueces contenciosos, la medida permite recoger a todos los juicios en contra del Estado por la imposición del «corralito» financiero.

• Comisión

También para apurar los casos de máxima necesidad ocasionados por razones de salud, vejez y otros extremos, los jueces constituyeron una comisión de secretarios letrados. Los funcionarios deberán seleccionar más de 13.000 recursos que han llegado a esa instancia por imposición del per saltum que paralizó el retiro de los depósitos bancarios como habían dispuestos los jueces de primera instancia. Esos expedientes serán resueltos en la Corte a la mayor brevedad y todo apunta a apurar definiciones sobre el «corralito» ya que no accedió al pedido de magistrados de primera instancia para decretar «un feriado judicial selectivo» en los fueros ocupados por el «corralito». La comisión está integrada por Jorge Migliore, María Cristina Alvarez de Magliano, Jorge Dal Zotto, Claudio Serra, Rolando Gialdino y Fernando Vocos.

Hasta el momento -salvo el caso Kiper- la Corte vino fallando a favor de los recursos de amparo aunque trató de limitar su ejecución por las graves consecuencias sobre los bancos, pero a partir del caso Smith se precipitaron las medidas cautelares que obligaron «ipso facto» la devolución de los depósitos. Tampoco la Corte decidió aún sobre un pedido que presentó el 12 de marzo la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPRA). Esas entidades pidieron que se habilite un per saltum masivo para evitar el drenaje financiero provocado por los fallos de primera instancia que puede hacer colapsar al sistema financiero, una emergencia que se pensaba atenuar con el decreto frustrado.