Precisamente hoy, en el día en que el Mercado Común del Sur (Mercosur) cumple 10 años, podría comenzar su definitivo estancamiento como una amplia zona de libre comercio en lugar de una Unión Aduanera, la verdadera intención que en su momento llevó a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a comprometerse a firmar un acuerdo económico. La decisión de la Argentina de llevar unilateral-mente su arancel externo a 35% para los bienes de consumo finales (de un máximo de 22,5%) y a cero para los bienes de capital (de un promedio de 14%), sin que el resto de los países del bloque sigan esta política ni que las supuestas autoridades del Mercosur avalen la decisión institucionalmente; convierte ya de hecho al bloque en una zona de libre comercio.
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La institucionalización de esta situación se daría entre 5 y 6 de abril, cuando a Buenos Aires lleguen los ministros de Economía o Hacienda y de Relaciones Exteriores de los tres socios de la Argentina en el Mercosur (que forman el Grupo Mercado Común -GMC-y que debería aprobar la decisión argentina), para participar de la reunión del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Probablemente, el mismo 5 de abril los cuatro ministros aprueben la decisión de Domingo Cavallo -que ya cuenta con apoyo de Brasil-y, aunque no se lo admita públicamente, la situación de Area de Libre Comercio en lugar de Unión Aduanera imperfecta comenzará a ser una realidad.
Es más. Desde las huestes de Cavallo se asegura que esta decisión es compartida por Fernando Henrique Cardoso. Sucede que el presidente brasileño nunca habría visto con buenos ojos la profundización de la Unión Aduanera, ya que en su visión geopolítica especula con la posibilidad de lograr acuerdos de libre comercio con otros países de América del Sur como Venezuela; además de profundizar las negociaciones con México y España.
Actualmente, y con el status de integración comprometido por los socios del Mercosur en diciembre del '94 en Ouro Preto, esta posibilidad sería poco viable; pero si se oficializa la decisión de liberalizar las negociaciones bilaterales de los socios sin tener en cuenta los aranceles comunes del bloque, el camino a los acuerdos con terceros países está abierto.
Pero hay un segundo aspecto que une las intenciones de Cavallo con las de Cardoso. Tal como aseguró este diario el viernes pasado, los dos políticos coincidieron en setiembre de 2000 en Brasilia en la cumbre de presidentes de América del Sur en la necesidad de avanzar y priorizar más un plan de infraestructura que implique la integración física de los países, antes de seguir discutiendo la formación de una Unión Aduanera «de manera quimérica», según la definición del propio Cavallo.
Este plan de infraestructura implica en los hechos que con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) (además de aportes privados y públicos), se construirán rutas, puentes, centrales hidroeléctricas, etc; que colocarían a Brasil en el centro de la escena y al resto del continente en sus socios físicos. La diferencia con el Mercosur, es que la Argentina sería un socio más, quizá el de más importancia, pero con el mismo grado de integración física que Venezuela, Uruguay, Perú y Bolivia.
Hasta que supuestamente el GMC apruebe la decisión de la Argentina de movilizar unilateralmente los aranceles el 5 o 6 de abril, habría un bache legal importante. En teoría, y según lo que se afirma en el tratado de Ouro Preto de diciembre del '94 y donde los cuatro miembros del Mercosur acuerdan comenzar a transitar el camino a una Unión Aduanera, ningún miembro podría implementar modificaciones a las posiciones externas (como los aranceles) unilateralmente hasta que justifique ante los socios su decisión y el GMC lo apruebe. Suponiendo que efectivamente los socios acuerden con la Argentina la modificación del arancel local y comience a regir de hecho la zona de libre comercio, entre hoy y el 5 de abril (cuando se reuniría el GMC) comenzarían aproximadamente 12 días de ilegalidad de la medida, ya que sólo podría ser aplicada desde la aprobación de los socios y no antes.
Por lo menos esto es lo que dice el texto del tratado de Ouro Preto. Eventualmente un importador de terceros países (por ejemplo del sudeste asiático) podría presentarse en algún tribunal y reclamar el respeto a los tratados internacionales, que según la reforma de la Constitución nacional del '94 son superiores que los decretos y leyes locales. Es más. Si en abril durante la reunión del ALCA, el GMC no aprueba la medida, el aumento de los aranceles podría ser declarado por la Justicia local como inconstitucional.
Dentro del cavallismo, también están preparados para apelar esta posibilidad. Según los asesores del ahora nuevamente ministro de Economía, desde Brasil llegaría la jurisprudencia que facultaría a la Argentina a tomar la medida que comenzará a regir desde hoy. En marzo del '95, el gobierno brasileño (en medio de las presiones inflacionarias) impuso la rebaja de aranceles a más de 200 productos de consumo a cero como medida para reducir la inflación. La situación duró hasta marzo del '96 y se la llamó lista Dallari, en honor a un secretario del Ministerio de Hacienda que hizo la confeccionó.
La situación y la comparación con la decisión de Cavallo son válidas. La única diferencia con la realidad actual de la Argentina es que antes de que rigiera esta lista el GMC la había aprobado y que el tiempo de duración había sido estipulado de antemano. Ninguna de estas dos condiciones existen en la intención de Cavallo.
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