El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Se puede entender que el gobierno encontró dos motivos básicos para volver a instaurar la indexación de contratos después de 13 años de prohibición en el país, es decir, desde que se sancionó la Ley de Convertibilidad. En primer lugar contar con la posibilidad de celebrar contratos de obra pública garantizando una actualización de las prestaciones, algo que hasta ahora sólo podría realizarse celebrando esos contratos en dólares. En segundo término, contar con un mecanismo para indexar desalienta a futuro tomar otras monedas como valor de resguardo a la hora de celebrar convenios entre particulares o con el Estado. De todas formas la idea no cae bien en el Congreso.
El selecto borrador que circula por Diputados incluye no sólo la prórroga de la emergencia económica, sino también una serie de pedidos extra. Por ejemplo se incluyó, otra vez, la ratificación por ley de todos los decretos de necesidad y urgencia que rigieron el «corralito» financiero, empezando por el famoso 214 de pesificación.
Este punto fue una obsesión del final del gobierno de Eduardo Duhalde y también lo es del actual. El gobierno quiere que todas las decisiones sobre pesificación, «corralito», emisión de bonos y compensaciones sean ratificadas por ley, algo que el Congreso negó cada vez que se lo pidió Duhalde.
En cuando a la habilitación de la indexación, el proyecto en negociación establece la derogación de los artículos aún en vigencia de la Ley de Convertibilidad que prohibían cualquier tipo de actualización por ese procedimiento.
También se elimina otro que con el mismo sentido se introdujo en la Ley de Emergencia junto a la salida de la convertibilidad, la pesificación, suspensión de despidos y los poderes para «proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios o reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución».
Dejá tu comentario