La diputada Hilda González de Duhalde ayer, con otros legisladores; aguardaban que PJ lograra quórum para tratar el proyecto de Responsabilidad Fiscal.
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El proyecto que votaba anoche Diputados no convence de todas formas al FMI. El organismo, que lo había aceptado inicialmente a cambio del fallido tratamiento de una nueva Ley de Coparticipación Federal de impuestos, reclama ahora que se establezcan sanciones más duras contra los funcionarios que no respeten los límites de gasto fijados en los presupuestos, nacional y provinciales, ya que el proyecto actual fija sólo penalidades financieras y la aparición del nombre del gobernador gastador en Internet.
En realidad, ya existe una norma, aunque sólo tiene vigencia para el Estado nacional, lo que es insuficiente para el Fondo. En la Ley de Presupuesto Nacional 2002, presentada en diciembre de 2001 por el justicialismo cuando ya había renunciado Fernando de la Rúa, Oscar Lamberto, como secretario de Hacienda, introdujo un artículo por el que se establece que «el funcionario que autorice o concrete actos o contratos que no hayan» cumplido con la Ley de Administración Financiera del Estado -es decir que no respete los límites del Presupuesto-«será personalmente responsable, con sus bienes patrimoniales». Esa norma, vigente aún por estar incorporada a la Complementaria Permanente del Presupuesto, nunca fue aplicada para sancionar a ningún funcionario.
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