Lo que primero sonó como una amenaza en la provincia de Buenos Aires, ayer tomó visos de mayor seriedad. Un juez de Mercedes ordenó el embargo de cuatro cajas de seguridad para asegurarse el cobro de impuestos. Horas después, otro magistrado -esta vez, de La Plata- rechazó uno de los embargos. Los fallos contrapuestos alimentan la polémica sobre el método que para combatir la evasión trata de imponer el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya. Hay controversia sobre la legalidad de la medida, porque se encuentran en juego derechos y garantías individuales. A favor de la orden judicial se argumentó que las cajas de seguridad bancarias y su contenido no se encuentran excluidos del régimen general de los bienes que pueden ser embargados. Pero en contra se advirtió que la apertura compulsiva puede comprometer o afectar el derecho de privacidad e intimidad de las personas.
Dejá tu comentario