Las Cooperativas Eléctricas, a través de entidades de segundo grado, han planteado al gobierno, con profunda preocupación, el impacto que la aplicación literal del Decreto 392/03 y la resolución 64/03 producirá en las economías de las entidades que prestan el servicio público de distribución eléctrica.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Por la referida legislación los $ 200 no remunerativos, transformados en $ 224 que se incorporan al salario básico de convenio, arrastran una catarata de aumentos, sostienen. Todos los adicionales del convenio 36/75 tomados sobre el básico que, al incorporarle los $ 224, casi se duplica, generan aumentos que en la media del sector. Significan incrementos que llegan a los $ 1.200 mensuales.
Este incremento, más la incidencia de las cargas sociales que en la actividad ronda 100 por ciento, genera un sobrecosto que las distribuidoras no están en condición de soportar. En primer lugar el nuevo incremento del costo de la mano de obra de ser trasladado a la tarifa representaría aumentos que superan 15 por ciento. En segundo lugar, esta alternativa surge en un contexto de tarifas congeladas por el gobierno donde el porcentaje anterior es similar al solicitado por las empresas para equilibrar el incremento de costo que la salida de la convertibilidad produjo.
Es tan grande el desequilibrio que estas medidas producen que los mismos beneficiarios comprenden que en el contexto económico de las empresas son literalmente impagables.
Ante esta encrucijada se han generado reuniones en el cooperativismo en busca de soluciones que destraben el conflicto.
El accionar neopopulista del presidente Kirchner está empobreciendo a las pymes porque además las obliga -en realidad a todas las empresas-a un congelamiento de despidos o inalcanzable doble indemnización.
Dejá tu comentario