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De todos modos, a pesar de los reclamos de algunos ministros, el clima generalizado hacia la política social del gobierno no era para nada combativo. Por un lado, los funcionarios del interior aceptan gustosos lo que venga de parte de Nación para evitar el estallido social y, por otro, saben que tal como están las cosas cualquier retraso puede llegar a ser fatal.
En rigor, según el secretario de Desarrollo Social chaqueño, Víctor Zimmermann, la inflación ya preocupaba a sus colegas del Consejo Federal de Desarrollo Social (Cofedeso) en la última reunión del organismo en la que se habló de «considerar los productos de la canasta básica como bienes sociales, de tal manera, que se trabe el incremento de precios».
En cuanto a los retrasos en los envíos de Nación, los ministros se llevaron la promesa de que llegarán la semana próxima. En el caso de Chaco, se trata de 2.700.000 pesos correspondientes al segundo bimestre de la emergencia alimentaria.
Otro de los ministros que acercó su pedido a la titular del Concejo de Coordinación de Políticas Sociales fue el ministro de Acción Social de Entre Ríos, Rubén Villaverde, quien planteó su preocupación por el deterioro del nivel de ingresos de los programas sociales a causa de la inflación.
La instrumentación de los llamados «bonos alimentarios» en la provincia mesopotámica fue consensuada cuando existía paridad cambiaria entre el peso y el dólar. Ya en ese momentos los cinco tickets de cinco pesos cada uno no dejaban de ser un auxilio, con el que podían financiarse compras ciertamente módicas.
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