Por nuevo impuesto subirían teléfonos

La Cámara de Diputados aprobó un impuesto a las empresas telefónicas que terminará pagando el público. Los legisladores siguen agregando presión impositiva a los usuarios, mientras piden reactivación. Según el proyecto, los municipios de todo el país (incluyendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) podrán cobrar un canon de 2% de la facturación de las empresas telefónicas en cada localidad. Si el cableado es subterráneo el canon baja a 1%. Cabe recordar que las empresas, por contrato, están autorizadas a trasladar cualquier gravamen nuevo a las tarifas. Es lo que seguramente sucederá si avanza esta iniciativa. Además está en vigencia una ley anterior a la privatización, que prohíbe gravar el tendido de líneas telefónicas. Más allá del refugio que significa el contrato y la razón que pueda asistir a las empresas, el usuario cargará con otro gravamen, mientras las telefónicas exhiben las ganancias más altas en un país donde sus clientes vieron caer 30% promedio sus salarios en los últimos años. Hoy la tarifas en dólares que pagan los argentinos no están en proporción no sólo comparadas con otros países sino respecto de los ingresos de los consumidores. El de la telefonía es el único sector que no se ha adecuado a un país en crisis.

Elisa Carrió en la sesión que se debatió el impuesto a las telefónicas

Una tasa municipal podría desatar un aumento generalizado de las tarifas telefónicas. Ayer la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que permite a las municipalidades de todo el país cobrar un canon a las empresas que prestan el servicio público de telefonía por el uso del suelo, subsuelo o espacio aéreo para el tendido de cableado. Como límite al canon que pueden cobrar los municipios se estableció 2% del monto de la facturación anual bruta de las empresas telefónicas en cada localidad. En el caso del tendido de cables subterráneos ese monto baja a 1%.

Los contratos firmados para privatizar ENTel prevén que cualquier impuesto o tasa municipal que se les aplique a las empresas concesionarias puede ser trasladado en forma inmediata y plena a las tarifas. Como la competencia en el mercado telefónico no entró plenamente en vigencia en el país, todavía siguen rigiendo estos contratos de concesión que garantizan estabilidad impositiva a las telefónicas. Los contratos fueron firmados en base a un país que no tenía estabilidad de precios, por eso hoy son anacrónicos.

Quedaron afuera de la posibilidad de aplicar el nuevo impuesto las instalaciones de telefonía celular y la televisión por cable. Además, como hay libertad de precios, las empresas de telefonía pueden tomar este aumento de impuestos como un costo.

Las tarifas de los teléfonos hoy son desproporcionadas en dólares, en un país donde bajaron la tercera parte en promedio los sueldos de los consumidores. Al ser monopolios naturales, rigen los contratos y los consumidores están indefensos. La telefonía es uno de los sectores que más rentabilidad obtuvo en el país y el que menos ha cedido para mejorar el nivel de vida de los argentinos ante la caída de salarios.

El proyecto sancionado ayer responde a un pedido que vienen haciendo los intendentes de todo el país al Congreso. En realidad el trámite no fue fácil y durante todo el día estuvo a punto de hacer caer la sesión. Hace una semana más de mil intendentes de todo el país visitaron el Congreso para presionar a los diputados. Darío Alessandro, Humberto Roggero, Rafael Pascual, Horacio Pernasetti y José María Díaz Bancalari los recibieron y prometieron un tratamiento rápido del tema.

Pero durante la semana las presiones sobre el Congreso comenzaron. En principio se había decidido postergar el tratamiento hasta la semana próxima, pero la presión del justicialismo y el Frepaso hizo cambiar la idea.

• Modificaciones

Por eso ayer durante la tarde Pernasetti, jefe del bloque radical, se comunicó con Henoch Aguiar, secretario de Comunicaciones, para plantearle la imposibilidad de postergar el proyecto. Allí acordaron una serie de modificaciones y finalmente el funcionario del Ejecutivo terminó aceptando que se grave el espacio aéreo que las telefónicas ocupan con el impuesto que cobrará cada intendente o en algunos casos los gobernadores.

El proyecto establece que «a los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones se destinarán a uso diferencial el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo del dominio público provincial o municipal con carácter temporario o permanente».

Pero, «a efectos de evitar la polución visual así como otros daños ambientales que genera el cableado aéreo», se establece que «el derecho de ocupación del espacio público subterráneo no podrá exceder 1% del monto de la facturación anual bruta que efectúen las empresas titulares» en la zona.

Como una cláusula de garantía, pero que se considera técnicamente de imposible aplicación, los diputados establecieron que «no es trasladable a los usuarios el pago de derechos de ocupación del dominio público que cobren las municipalidades o comunas», por la utilización de los espacios.

Es que, además de lo que dicen los contratos, existe una ley nacional previa a la privatización de ENTel que prohíbe que se graven con impuestos locales los tendidos de líneas. La ley se hizo para estimular el desarrollo de las comunicaciones.