Por segunda vez, Duhalde frenó las subas de tarifas

Por segunda vez en dos meses, Eduardo Duhalde frenó una suba de tarifas en luz, gas, teléfonos y agua. Ahora dijo que los cálculos del Ejecutivo deben pasar por el filtro del Congreso y por audiencia pública. No era lo que se pensaba en el Palacio de Hacienda donde se preparaban los ajustes para el 1 de agosto. Roberto Lavagna creía que se podía aumentar sin intervención del Parlamento mediante un decreto de necesidad y urgencia, porque no se renegociaban los contratos, sólo se aprobaba un aumento para cubrir la emergencia. Por otra parte, la audiencia pública no está contemplada en la ley de emergencia, y tampoco en los marcos regulatorios porque se trata de subas extraordinarias. En las empresas privatizadas se teme que con la intervención del Congreso y las audiencias se cree un ambiente adverso en el que sea imposible cualquier ajuste. Funcionarios oficiales insisten, en cambio, en que todo será muy rápido. Duhalde prefiere un aumento mínimo y lo necesita para avanzar con el Fondo Monetario, pero prefiere dejar el tema pendiente para la próxima administración.

Por segunda vez en dos meses, el gobierno dio marcha atrás con las subas en los servicios públicos llamados esenciales: luz, gas, agua y teléfonos. Entre las empresas privatizadas, se estima que en las dos oportunidades fue el presidente Eduardo Duhalde el que obligó al ministro Roberto Lavagna a dar marcha atrás. También se afirma que, por orden o sugerencia presidencial, el jefe de Economía instruyó a sus equipos para recortar los ajustes originalmente previstos, sobre todo los dirigidos al sector industrial.

La situación se enmarca dentro de un creciente desgaste de Lavagna, desautorizado y no respaldado por el Presidente y su entorno. Sin embargo, un eventual relevo del ministro por alguien más liberal como Mario Blejer no aseguraría la recomposición de los ingresos de las privatizadas.

En estas compañías, se evalúa que el gobierno tiene «escasa voluntad» de decidir los aumentos, porque prefiere que el costo caiga sobre la próxima administración porque, gane quien gane, ya no será el candidato del actual presidente.

• Capítulos

La primera vez que se suspendieron las subas fue hace dos meses. En ese momento, una alta fuente del Palacio de Hacienda reveló que desde el 1 de junio subirían la luz y el gas, y que en julio empezarían a dolarizarse las llamadas telefónicas internacionales. A primera hora del día siguiente, Duhalde obligó a desmentir las subas a Lavagna, que debió hacerlo en conferencia de prensa.

La última historia con subas que debían regir a partir del 1 de agosto tuvo los siguientes capítulos:

• A mediados de junio las petroleras y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, firmaron un acuerdo para subir entre 30% y 40% el precio del gas en boca de pozo en las tarifas de usuarios industriales, y mantenerlo estable para hogares hasta el 30 de setiembre.

• Tras ese acuerdo, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) elaboró una propuesta que contemplaba también subas en los márgenes de transportistas y distribuidores, en estos casos para todos los usuarios.

• En Economía, empezó a pensarse que el esquema de aumentos diferenciales, con mayor peso sobre la industria, que se benefició con la devaluación o con la suba de precios internos, podía extenderse a los otros servicios.

• Empezaron a intervenir los secretarios de cada área, sobre los de Energía y Comunicaciones, y la comisión renegociadora de los contratos, que tiene un solo miembro nombrado, Miguel Sanguinetti.

• Simultáneamente, primero desde el titular de Energía, Alieto Guadagni, muy allegado a Duhalde, y luego desde Lavagna, llegó la instrucción de recortar los ajustes a un nivel mínimo.

• Lavagna anunció que las subas regirían a partir del 1 de agosto y excluirían a los sectores de menores recursos.

• Los funcionarios intervinientes empezaron a discutir si era necesario llamar a audiencia pública y consultar al Congreso.

• Entre miércoles y jueves de la semana pasada, hubo una fuerte disputa en el gobierno sobre este tema.

• El equipo del Palacio de Hacienda consideró que las subas podían salir por un decreto de necesidad y urgencia, apelando a la emergencia de los servicios públicos, y que no había necesidad de pasar por el Parlamento porque no se renegociaban los contratos y sólo se hacía un ajuste de tarifas.

• El jueves Lavagna anunció que las primeras subas serían en luz y agua, pero quiso decir luz y gas.

• Ese mismo día, aparentemente desde despachos presidenciales, se dejaron trascender cifras de aumento que todavía se discutían.

• El viernes reaccionaron en contra, como era previsible, entidades de consumidores y el defensor del pueblo.

• El mismo viernes, el jefe de Gabinete y el secretario presidencial, Aníbal Fernández, salieron a desautorizar a Lavagna y dijeron que los ajustes no estaban resueltos.

• El sábado, el presidente Duhalde dijo que por ahora «sólo se hizo 50%». «Ahora -agregó-, los cálculos efectuados deben pasar por el cedazo del Parlamento, pero es fundamental la audiencia pública en la cual los consumidores tienen lugar para debatir este tema.»

Ningún funcionario sabe todavía si las propuestas elaboradas por el Palacio de Hacienda irán primero al Congreso y luego a audiencia pública, o al revés. Pero es difícil creer que ambos procedimientos puedan resolverse como para que los aumentos rijan a partir del próximo 1 de agosto.

Hay algunos funcionarios que buscan restarle dramatismo a la situación y sostienen que todo será rápido y que las nuevas tarifas estarán definidas a mediados de agosto y se aplicarán con retroactividad al 1 de ese mes.

Pero lo cierto es que los entes reguladores no tienen todavía instrucción para llamar a audiencia pública y, una vez que la tengan, deben convocarla por medios públicos con diez días de anticipación.

El paso por audiencia pública no está contemplado en las leyes o decretos con los marcos regulatorios de cada servicio, porque en esas normas no están previstos aumentos por situación de emergencia. Por eso, el Ministerio de Economía debe pedir a los entes que convoquen a las audiencias.

Si en el paso por el Congreso o en la audiencia pública se genera fuerte repercusión contra los aumentos, el gobierno tendría la excusa que parece estar buscando para seguir con las tarifas congeladas. Y de alguna manera, hacerles pagar a las empresas lo que en el entorno presidencial se considera «animosidad» contra el gobierno.