La Argentina y Brasil postergaron por 60 días la vigencia del actual régimen automotor, y durante ese período negociarán los términos de un nuevo acuerdo sectorial bilateral. Luego de ese plazo, y hasta el 1 de julio, habría un período de transición y a partir de esa fecha comenzaría a tener vigencia la nueva Política Automotriz Común (PAC) que los negociadores de los dos países tendrán que acordar antes del 20 de febrero.
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Así lo resolvieron ayer el secretario de Industria argentino, Miguel Peirano, y el secretario de Desenvolvimiento brasileño Ivan Ramallo, quienes debieron postergar las definiciones de la próxima PAC, régimen que en teoría tendría que comenzar a operar el próximo 1 de enero. Ambos negociadores reconocieron que no se podía cumplir en tiempo y forma con esa fecha, dadas las diferencias existentes entre ambas posiciones, con lo cual se determinó que lo mejor sería rectificar el vencimiento y establecer una nueva fecha de comienzo para la PAC. Este acuerdo deberá ser firmado entre hoy y mañana por los ministros de Economía de la Argentina, Felisa Miceli, y de Industria de Brasil, Celso Furlam, para luego ser comunicado al resto de la industria automotriz. En concreto, los dos países mantienen tres diferencias importantes en cuanto a las posiciones finales que debería tener el próximo régimen automotor bilateral.
El primer capítulo que separa a los negociadores es la vigencia de un mercado de libre comercio de vehículos entre los dos mercados. Mientras Brasil defiende lo que originalmente se firmó en el Mercosur -liberar a partir de una fecha determinada el comercio de unidades-, la Argentina rechaza esta posibilidad y reclama la continuidad del intercambio equitativo de automóviles, camionetas y camiones. En este punto, el gobierno de Néstor Kirchner mantiene una posición inflexible, ya que considera que de aceptarse esta condición, a mediano plazo, Brasil acapararía la mayor parte de la inversión automotriz de nuevas unidades.
El segundo capítulo que separa a los negociadores es el «flex», o porcentaje de equilibrio que tendría que haber por cada vehículo importado. (Brasil propone que se mantenga el nivel actual de 2,1 a 1; mientras que la Argentina pretende una reducción sustancial mucho menor.)
Finalmente hay una distancia considerable en cuanto a la intención de proteger a la industria autopartista del Mercosur. La Argentina mantiene un régimen de reintegro a la facturación del sector, de entre 6% y 8%, para las empresas del rubro que decidan invertir en nuevas plataformas para vehículos fabricados en cualquiera de los dos países. Siguiendo esta política, Peirano exigió que el Mercosur mantenga un nivel arancelario alto para la importación de autopartes desde terceros países (fuera del bloque), para estimular la producción interna.
Brasil, por el contrario, defiende una reducción en el costo de las piezas importadas desde fuera del Mercosur; posición respaldada además por las terminales. Desde el gobierno argentino se argumenta que proporcionalmente el impacto en las empresas autopartistas locales es más importante que en el país vecino.
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