El polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, mantiene su estilo. Más si -aunque simplemente sea un fenómeno de corto plazo- la inflación minorista va camino a ubicarse en un dígito este año. No era de esperar, entonces, que la "política económica" del funcionario diese un giro. Por ello, no sorprende el enfrentamiento ahora con empresas de medicina prepaga, y que envíe inspectores. Fue tras el anuncio de incrementos de 10% en los precios. Es una señal que permite anticipar lo que sucederá desde noviembre, cuando vencen los acuerdos firmados con empresas. Serán renovados -o se presionará para que ello ocurra-, salvo contadas excepciones, entre las que se encuentran los lácteos. Para este mes se descuenta que habrá un incremento de precios minoristas de 0,4%, según datos que tiene en su poder Felisa Miceli. Pero está claro que salir del esquema actual no sólo es difícil para el equipo económico, sino que está lejos de ocurrir.
En un claro gesto de presión, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, envió ayer una serie de inspecciones a empresas de medicina prepaga. Sucedió pocas horas después de que trascendiera la decisión de un grupo de compañías de aumentar hasta 10% las cuotas para sus afiliados.
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Las prepagas inspeccionadas fueron 15 y los operativos continuarán en los próximos días, según explicaron fuentes oficiales.
El directivo de una de estas empresas que recibió la visita de los funcionarios enviados por Moreno señaló que «se trataba de inspectores que revisaron oficinas, libros contables y supervisaron la cuota que cobramos a los afiliados». Incluso, trascendió que se detectó una empresa que anunció incrementos que entrarían en vigencia el mes próximopero fue «invitada» a revisardicho ajuste.
El gobierno está dispuesto a ir a fondo para frenar los aumentos. El superintendente de Salud, Héctor Capaccioli, reconoció que hasta podría aplicarse la Ley de Abastecimientopara que las compañíascumplan sus prestacionesy eviten aumentar precios. Esta norma, que data de mediados de la década del 70, prevé fuertes multas -e incluso prisión- para los responsables de empresas que no garanticen las prestaciones a los precios acordados.
Perjudicados
Según Capaccioli, «no son ciertos» los argumentos que esgrimen las compañías para justificar los incrementos. De todas formas, detalló que sólo se están viendo perjudicados por estos ajustes «cien mil afiliados sobre más de dos millones que tiene la medicina prepaga», ya que las dos cámaras principales del sector (que agrupan a las empresas más grandes) acordaron no efectuar movimientos hasta fin de año. Las compañíasya aumentaron entre 12% y 15% las cuotas en enero.
En el gobierno existe preocupación porque los aumentos impactarán en el índice de inflación de este mes por más que el ajuste se aplique más adelante.
ADEMP y CIMARA, las dos principales cámaras del sector, le entregarán hoy a Moreno un estudio con los últimos cinco años de balances. Fue el reclamo del propio funcionario, en la búsqueda de conocer el detalle de costos de las empresas.
Aunque nadie en el gobierno quiere reconocer esta situación, desde la Superintendencia de Salud sostuvieron que puede haber «un paquete de salvataje» para las empresas, que podría incluir algún grado de beneficio impositivo.
La intención de las autoridades es controlar no sólo que las cuotas se mantengan sin variaciones, sino, además, que se cumpla con las prestaciones.
Una de las ideas que manejan las compañías de medicina prepaga es la aplicación de «copagos». Esto involucraría la obligación para los afiliados de pagar (aunque sean montos pequeños) para utilizar determinados servicios médicos. Claro que sólo sería aplicable para los nuevos afiliados y no para los que ya tienen algún tipo de prestación.
