En la Argentina hay 1,31 persona en empleos productivos privados por cada persona cuyo ingreso depende del Estado. La información oficial provista por el INDEC a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) da cuenta de una serie de números que reflejan un alto grado de desempleo encubierto. El número de personas cuyo ingreso depende del Estado es de 6.974.124.
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Teniendo en cuenta que en el sector privado trabajan 9.155.000 personas, tenemos una «relación de sostenimiento de 1,31». Es decir que por cada dependiente del Estado hay 1,31 particular generando riqueza para distribuir. Si suponemos que cada una de las personas cuyo ingreso depende del Estado (descontando los jubilados y pensionados) tiene a su cargo una sola persona, llegamos a la conclusión de que 28,9% de la población depende de los fondos públicos. Si extendemos el supuesto a dos hijos (o dependientes), siempre entendiendo que los jubilados no tienen gente a cargo, entonces 38,6% de la población tiene ingresos que dependen del Estado.
En términos del mercado laboral, las personas cuyo ingreso depende del Estado equivalen a 45% de la población económicamente activa. Teniendo en cuenta que 15,6% de dichas personas están desempleadas (2.421.016) según la EPH de mayo 2003, entonces están en el mercado laboral (privado y público) 13.098.340 personas. Esto quiere decir que el porcentaje de personas cuyo ingreso depende del Estado es el equivalente a 53,4% de las personas ocupadas. En términos, quizá más gráficos, la cantidad de personas cuyo ingreso depende directamente del Estado (sin considerar si tienen personas a su cargo) equivale al total de la población de las provincias de Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Es decir, 14 del total de las provincias argentinas.
El desempleo encubierto en provincias y municipalidades
Los datos globales derivan de la realidad de cada una de las provincias. Desde 1996 venimos realizando un estudio sobre el empleo público provincial y estimamos que la cantidad de personal sobrepasa los niveles mínimos adecuados. Si establecemos un ranking de empleos públicos (EP) sobre Población Económicamente Activa (PEA) obtenemos que la provincia de Buenos Aires es el distrito donde la relación es la más baja; 6,82 es la cantidad de empleados cada 100 habitantes. Si consideramos ese porcentaje como el «óptimo» en el sentido de que suponemos que si la provincia de Buenos Aires cumple con sus servicios utilizando en sus nóminas a «sólo» 6,82% de su PEA, podemos preguntarnos: ¿por qué el resto de los distritos demandan dotaciones mayores? El hecho de que el resto de las provincias (que a todas luces no muestran una performance mucho mejor que la provincia de Buenos Aires) tengan una relación mayor de EP/PEA da cuenta de la existencia de personal sobreempleado.
No hay argumentos objetivos que expliquen una complejidad tal que justifique una relación distinta de empleo público/PEA. Suponemos que Buenos Aires tiene la dotación justa, sin presencia de «ñoquis», ni empleo superfluo, ni superpuesto, sin punteros políticos, etcétera. Este supuesto es más fuerte si consideramos que el Estado de Buenos Aires emplea la misma cantidad de personas que el Estado de California en Estados Unidos. Sin embargo, California tiene un PBI 40 veces superior al de la provincia de Buenos Aires.
Es evidente que dicho supuesto (que la administración pública de Buenos Aires tiene una estructura óptima) es falso no obstante lo consideramos útil pues refuerza los resultados de la hipótesis. Suponemos, además, que la provincia de Buenos Aires ofrece los servicios esenciales del Estado con niveles de eficiencia similar al resto de las administraciones.
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