Viaja hoy Jorge Remes -acompañado por Mario Blejer, del Banco Central- con el proyecto de la nueva Ley de Quiebras (así como el modificatorio de la «subversión económica»), sellado con el ingreso a la Cámara de Diputados. Parece atender, como propósito, los reclamos contra ese engendro legislativo que había sancionado este gobierno para beneficio esencialmente del monopolio «Clarín».
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Quedan igual dudas por el futuro: en su primer viaje a la Argentina, Anoop Singh había pedido los cambios a la norma, confiando que el gobierno -como lo prometió- ya los hubiera concretado para su nuevo viaje. Pero volvió otra vez y se fue anoche del país sin novedad, apenas hoy empieza a acercar un proyecto que se discutirá en un Congreso presionado por los lobbies. Sorprende la falta de ejecutividad de las autoridades, como si no tuvieran prisa por resolver los desembolsos. Para la gente del FMI, si bien siempre dicen que «la relación sigue óptima y avanza», hay una regla de oro que ya expresaron en varias ocasiones: la Argentina hace buenas leyes, lástima que después no las cumplen. En este caso de Quiebras, ni siquiera han empezado a debatir el proyecto.
Pero la Argentina es un país de sorpresas. Y, por si no fuera poco producir una ley contraria a la razón y viciada por intereses de grupos, para ahora ser reemplazada por otra -si es que lo hace el Parlamento- que devuelva al país a cánones internacionales de sensatez, una tercera norma sobre el mismo tema se elabora en secreto, con autores presuntamente esterilizados de cualquier manipulación económica.
• Objeto
Ocurre en Justicia, ministerio a cargo de Jorge Vanossi, quien convocó a una docena de especialistas que en menos de un mes producirán un dictamen. No es fácil la tarea: ya el monopolio quiso incluir en ese cenáculo de abogados a tres de sus operadores principales (López, Rendo y Laporta).
Esta norma en gestación tiene el objeto -dicen- de actualizar la aún no sancionada nueva Ley de Quiebras, considerada un parche reparador del portento vigente a pedido del FMI. Mantendrá, se supone, los presupuestos exigidos por el organismo internacional, más la incorporación de ítem que ya rigen en otros códigos del mundo. Un trabajo de legislación comparada, adaptándose a convenios ya existentes y con la obvia intención de mostrar que el país se integra a esa realidad y se desvía de la absurda normativa que hoy regla al país, propia de un episodio de Bananas. O de Manzanos, o de fluidos «Magnéticos», para ser más precisos.
• Proyecto
A esto apunta la asepsia de Vanossi y de otros expertos, quienes se proclaman no contaminados con estos intereses, pero ciertamente su proyecto una vez concluido deberá atravesar las guillotinas políticas del Ejecutivo (finalmente, allí se lustró la actual ley), profesionales sin título o con títulos discutibles, pero capaces de neutralizar cualquier iniciativa (caso el decreto sobre el «corralito»). Si Vanossi llegara a cruzar estos Andes a pie, luego desembocará en una encrucijada todavía más difícil: el Congreso de la Nación. Allí pernoctan depredadores de toda índole, hasta senadores como Oscar Lamberto que en 60 días firmó un norma con un sentido y otra con la dirección contraria. Será un milagro si queda algo del proyecto que hoy se elabora en Justicia con ecuánime pasión.
