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Así lo informó en Santiago la propia compañía señalando que el recurso se funda en que la citada legislación transgredió el acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones (Appi) vigente entre Chile y Argentina, y la normativa del Ciadi.
Metalpar exige una indemnización de 30 millones de dólares y de acuerdo a la demanda "ha habido una expropiación de derechos de Metalpar contenido en los contratos".
Al momento de la pesificación, los contratos ascendían a 18 millones de dólares. El contrato estipulaba que el deudor que recibía el vehículo a crédito estaba obligado a pagar lo que correspondía al valor del dólar.
El tribunal en Washington será presidido por el jurista de Costa Rica y ex vicepresidente de ese país, Rodrigo Oreamuno Blanco, y estará integrado por el abogado propuesto por Metalpar, el estadounidense Duncan H. Cameron, y el designado a proposición de la Argentina, el peruano Jean Paul Chabaneux.
La defensa de Chile está a cargo de un equipo que coordina Roberto Mayorga, y que componen Sergio Meli y Joaquín Morales. El estudio de abogados Brons y Salas lleva el caso por la parte argentina, país que tiene tres meses para responder la demanda.
El tribunal arbitral se constituyó en septiembre de 2003 ante el Ciadi, instancia que dirimirá la controversia suscitada entre la empresa y la República de Argentina a raíz de la legislación financiera dictada a inicios del 2002.
Metalpar fue creada en 1966 y tres años después llegó a producir entre 20 y 25 buses mensuales. En 1977 obtuvo la distribución oficial de Mercedes Benz para la importación de los chassis a carrozarse en el país. Entre 1985 y 1990 Metalpar comenzó a recibir apoyo y transferencia tecnológica de Mercedes Benz de Brasil, que la llevó a competir el más alto nivel con las empresas de todo el mundo.
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