Propone Camaño devolver 13% a los jubilados desde setiembre

El gobierno habría descartado apelar a la reinterpretación -vía decreto- de la ley que redujo salarios públicos y jubilaciones 13%, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema, y analiza ya la devolución progresiva de ese recorte.

En tal sentido hay un paquete impositivo (ver nota vinculada) que especifica que la nueva recaudación debe ir a cubrir la eliminación de 13% de descuento.

Para el retroactivo, es decir, la devolución de los descuentos realizados desde 2000, que suman más de 950 millones de pesos, se recurriría a un bono público.

El esquema presentado por la cartera laboral ayer durante las reuniones que mantuvo el gobierno con los gremios estatales es devolver el recorte en los sueldos de menor a mayor, comenzando por:

1) los jubilados que ganan entre $ 500 y $ 800 a partir de setiembre (beneficia a 278.432 y representa $ 22,7 millones);

• 2) entre $ 800 y $ 1.000 desde octubre (son 90.398 y $ 10,5 millones);

• entre $ 1.000 y $ 1.300 desde noviembre (son 91.286 y $ 10,1 millones);

• entre $ 1.300 y $ 2.000 en diciembre (son 70.616 y $ 14,7 millones) y,

• más de $ 2.000 a partir de enero de 2003, que ya irían incorporados en el nuevo presupuesto.

El total comprometido hasta fin de año sería de 157,2 millones de pesos.

La postura del ministro Lavagna apuntaría a postergar este cronograma a partir de enero de 2003. Pero deberán dirimir espadas Hacienda, Trabajo y Justicia en sendas comisiones creadas ayer.

El gobierno acordó conformar dos comisiones de trabajo, una para los empleados públicos y otra para jubilados, para ver cómo hacen frente a la devolución de 13% descontado desde hace dos años en los haberes y salarios. Economía y Trabajo funcionan en las dos, pero la Jefatura de Gabinete sólo actuará en la de empleados estatales, mientras que para la de los jubilados se incorporó al ministro de Justicia, Juan José Alvarez.

«La reunión va a continuar mañana. El gobierno y los gremios están exponiendo distintas alternativas, pero no hay plazos» para dar cumplimiento al fallo de la Corte, indicó un vocero de la Jefatura de Gabinete al término de la reunión que Alfredo Atanasof mantuvo con los gremialistas. El jefe de Gabinete decidió ayer convocar a los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Trabajo, Graciela Camaño, y a representantes del Frente de Gremios Estatales a la Casa Rosada.

Los funcionarios estuvieron durante una hora acordando con los representantes de los trabajadores públicos, Andrés Rodríguez, de UPCN; Víctor Fraguglia, por el personal civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA); César González por el sindicato de Vialidad, y Carlos Leandro Sueiro por el gremio de Aduana (SUPARA). Previamente a la reunión, el ministro Lavagna había asegurado que la postura del gobierno es «de total respeto a lo que decidió la Corte», pero con la aclaración de que «es una decisión que va caso por caso» y que se cumplirá de manera «particular» sobre el que se pronunció el máximo Tribunal.

«Para el caso particular, obviamente, hay dinero», afirmó el ministro, quien enseguida aclaró que «en cuanto a la generalidad de los estatales, no hay dinero».

Al término de la reunión, el titular de UPCN confirmó que si bien el gobierno «ratificó su intención de acatar el fallo», esto no significa que la devolución «sea inmediata», por lo que le reclamaron que «se deje de realizar el descuento» y reivindicaron el «pago retroactivo» de la deuda.

En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que no participó de la reunión, resolvió ayer durante un plenario de delegados realizar un paro a nivel nacional el 4 de setiembre, si el gobierno promulga un decreto para frenar los eventuales fallos contrarios a la aplicación del descuento de 13%.

La ministra Camaño presentó un cronograma de devolución «progresiva» de 13% para jubilados y pensionados, preparado en su cartera. La propuesta consta de dos puntos principales que son la necesaria «derogación» del decreto que estableció el recorte firmado por De la Rúa en mayo de 2000, y un cronograma que establece que los salarios de los jubilados sean «normalizados» en un lapso a definir a partir de los haberes de setiembre.

Esa decisión se indicaría en un decreto para el cual se señaló que «hay urgencias» a partir de un amparo presentado por el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.