La Casa Blanca debió admitir que algunos de sus más altos funcionarios conocieron y discutieron privadamente el caso de Enron -un importante donante de fondos a la campaña de Bush-, aunque aclaró que éstos optaron por no ayudar al colapsado gigante energético.
El Departamento de Justicia anunció el miércoles que inició una investigación delictiva sobre Enron, que el 2 de diciembre se acogió a las leyes de protección por bancarrota. Su debacle lanzó a 20.000 personas al desempleo, devastó a numerosos inversores y acabó con los planes de retiro de muchos empleados.
Hace un año las acciones de la empresa se negociaban en el mercado de valores a un promedio de 80 dólares; su cotización el miércoles era de apenas 70 centavos de dólar.
Esa investigación y otras del departamento de Trabajo, la Comisión de Valores y cinco comisiones legislativas, se centran en si la compañía, alguna vez la consentida de Wall Street, pudo haber proporcionado información engañosa a los inversores sobre sus cuentas financieras. Asimismo, se estudia la posibilidad de fraude en las alianzas empresariales que causaron su endeudamiento.
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