Quieren bajar cuotas de créditos a empleados públicos

La crisis financiera ya despertó en el justicialismo el componente demagógico que era imposible no apareciera en el Congreso. A la idea peronista de suspender por seis meses las ejecuciones hipotecarias, por quiebras y concursos preventivos, ayer se le sumó un proyecto del santafesino Oscar Lamberto que establece un mecanismo de recálculo de las cuotas de los préstamos hipotecarios y personales para los empleados públicos que hayan sufrido recorte en sus sueldos. Las cuotas serían reducidas en la misma proporción que sus salarios y los préstamos deberán refinanciarse aumentando los plazos para reestructurar los saldos. Junto con esta reducción y recálculo de préstamos, los peronistas ya pidieron suspender la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos por créditos de todo tipo durante un lapso de 180 días.

La propuesta del PJ fue plasmada en dos proyectos de ley diseñados por Lamberto y Miguel Angel Toma y presentados ayer por todo el bloque PJ, presidido provisoriamente por el menemista Miguel Angel Pichetto.

Con respecto a las cuotas de préstamos personales e hipotecarias, el justicialismo propone que «en virtud de la Ley 25.453 los dadores de préstamos deberán, a petición de la parte, recalcular las cuotas de los créditos personales, hipotecarios y prendarios existentes de los empleados públicos, jubilados y pensionados».

También se fijó que «este cálculo se realizará de acuerdo con el porcentaje de disminución de los haberes de empleados públicos, jubilados y pensionados», que en julio significó una poda de 13% sobre los salarios superiores a los $ 500. Todo ese universo de empleados y jubilados sería el beneficiario de los proyectos peronistas.

• Hecho nuevo

«Desde que se sancionó la ley de ajuste aparece un hecho nuevo e inesperado que es la reducción compulsiva de los sueldos y jubilaciones que acarrea dificultades a los ciudadanos que habían tomado compromisos en base a una relación de un haber y una estructura de gastos», explicó Lamberto. «El Estado no puede dejar librados a su suerte a los afectados por un hecho que él mismo no construyó y por ello los legisladores debemos observar la realidad y darle un marco legal, para proteger a nuestros representados, en situaciones de crisis aguda», agregó.

El problema que se presenta es que a la natural contracción del crédito debido a la crisis financiera y las dificultades en los bancos, ahora se sumaría esta restricción a poder cobrar las deudas a morosos. Esta combinación sólo colaborará para frenar el otorgamiento de préstamos, por lo menos, por los próximos seis meses, y subirá las tasas de interés para el financiamiento.

Contra eso se beneficiaría a los empleados y jubilados a quienes se recortaron salarios por la Ley de Deficit Cero. Lamberto estimó que son 200.000 los empleados públicos y jubilados que se encuentran afectados por la poda en sus ingresos y que tienen que afrontar la obligación de seguir pagando la misma cuota de su vivienda que se pactó cuando se contaba con otro sueldo.

Un día ante el justicialismo había presentado otra iniciativa para suspender «la ejecución de todas las sentencias y trámites procesales correspondientes a concursos preventivos, quiebras, obligaciones bancarias con o sin garantías hipotecarios o prendarias, vencidas o no, por su capital y por sus intereses, y a todas las acciones judiciales y extrajudiciales de ejecución de las garantías reales de hipoteca y de prenda».

Allí se dispone que en los concursos preventivos cuya apertura haya sido decretada con anterioridad a la sanción de la Ley de Déficit Cero, se prorrogarán por 180 días los plazos procesales no cumplidos, cualquiera sea el estado procesal del trámite en concurso. Dentro de ese beneficio el PJ quiere incluir las quiebras de particulares y empresas «hasta que se halle firme la sentencia de quiebra, y si el proceso de quiebra tiene sentencia firme, la ejecución también se postergará por seis meses».

Quedan excluidos de la postergación los casos en que hubiera «comenzado a cumplirse la sentencia de quiebra con la correspondiente liquidación de bienes, las acciones para ser efectivas las cuotas alimentarias, y los créditos laborales hasta 10.000 pesos».