Reclamo judicial que puede "diluirse" en el tiempo

La lenta y políticamente errante Justicia argentina. Esta sería, estratégicamente, la principal llave del Gobierno para avanzar sin dificultades legales en el proyecto de estatización de Vicentin.

El análisis que hicieron en el Gobierno es que el caso podría convertirse en una megacausa nacional, similar a otros casos históricos como el de Giol, pero que se diluiría en el tiempo sin complicar el eventual avance sobre la empresa de las familias Padoan y Nardelli, en sociedad con el gigante Glencore (ver nota aparte).

Hay una realidad. A diferencia de otros casos como el de la renacionalización de YPF, Aerolíneas Argentinas, AySA, o similar (todas perdidosas para la Argentina y con costos de miles de millones de dólares contra el país), una eventual causa en contra del Estado por el avance sobre Vicentin tendría como escenario los tribunales locales.

No habría entonces ni un Thomas Griesa ni una Loretta Preska, con las rápidas y efectivas instancias de apelaciones dentro del sistema judicial norteamericano, que favorezcan el avance de un juicio contra el Estado nacional. Todo dependería de la velocidad y voluntad de la Justicia argentina, la que tiene el peor historial en ambos campos.

Si el Estado siguiera estrictamente la ley, y tomara el control accionario de la compañía, debería pensar en un esquema de pago a los accionistas según el valor del mercado que tendría la empresa.

Como la apropiación aparecería antes de un proceso de quiebra (la empresa está hoy en concurso preventivo, con lo que, se supone, podría sobrevivir a sus dificultades), los accionistas privados tendrían derecho a reclamar por una indemnización ante la nacionalización. La que dependería, además, de una valuación de los activos de la compañías, sin descuento de pasivos, lo que derivaría en la obligación de pagos megamillonarios en dólares a las familias dueñas.

El Gobierno de Alberto Fernández no tiene en sus planes ningún pago de este tipo, y se maneja bajo la hipótesis de culpar a la conducción de Vicentin por los desmanejos de la empresa y los eventuales delitos derivados de los créditos del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Se reconoce, sin embargo, que será muy difícil que la Justicia argentina avance seriamente en estas culpabilidades eventuales. Será utópico, además, justificar la nacionalización en estas responsabilidades penales en tiempo y forma antes de las acciones directas de toma del dominio de Vicentin, con lo que las consecuencias judiciales serán inevitables.

La estrategia oficial apunta a otro mecanismo: la lentitud judicial, y la poca voluntad teórica de los jueces de apuntalar una acusación contra la nacionalización, hasta que no se aclare la situación de los casos por malversación de fondos por los créditos recibidos. Esto empantanaría cualquier causa contra el Estado, se cree en el Gobierno, por años. Quizá décadas. En otras palabras, en caso de fallo negativo, pagaría otro Gobierno lejano en el tiempo.

Carlos Burgueño