Fueron sancionadas las compañías Argos y Littlewoods por llegar a un acuerdo sobre el precio de los juguetes que comercian. Esta multa es la mayor impuesta en el Reino Unido por esta acusación y tanto Argos como Litlewoods han rechazado los cargos y anunciado que apelarán la decisión. Argos deberá pagar u$s 27,5 millones y Littlewoods u$s 8 millones.
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La Oficina de Comercio Justo (OFT) señaló que ambas compañías fijaron los precios de los juguetes que adquirían al fabricante del Reino Unido Hasbro desde 1999 hasta mayo de 2001, violando así las reglas de la competencia.
Esta multa es la mayor impuesta en el Reino Unido por esta acusación y tanto Argos como Litlewoods han rechazado los cargos y anunciado que apelarán la decisión de la OFT.
"Rechazamos completamente cualquier idea de que Argos ha estado fijando precios o realizando cualquier actividad anti-competitiva", manifestó Kate Swan, una de las responsables de Argos.
Por su parte, Hasbro ha conseguido un pequeño indulto por ser la que "dio el soplo" para iniciar la investigación, con lo que se ha librado de una multa de 26 millones de euros, explicó la OFT.
"Este caso muestra cómo este tipo de acuerdos a cambio de indulto ayudan a descubrir los pactos para fijar los precios, que afectan a la competición entre empresas y mantienen los precios artificialmente altos", declaró John Vickers, director de la OFT.
"Este comportamiento es una seria violación de las normas, como reflejan las multas impuestas a ambas empresas", aseveró.
Argos, el minorista de juguetes más importante del Reino Unido, tendrá que pagar casi 27,5 millones de dólares, aproximadamente un 0,6 por ciento de sus ingresos anuales, mientras que la multa para Littlewoods será de 8 millones de la moneda europea.
La investigación, que comenzó en marzo de 2001, ha demostrado, según la OFT, que Argos y Littlewoods confabulaban para fijar los precios de productos de Hasbro tan populares como el Monopoly, los Action Man o los Tweenies.
La multa de la Oficina de Comercio Justo podría haber sido más elevada, pues tiene capacidad para imponer un castigo económico a las empresas por encima de un 10 por ciento de su volumen de ventas en el Reino Unido durante tres años.
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