Los aumentos afectan a las tarifas de gas y electricidad, según un decreto de necesidad y urgencia que se publicaría hoy en el Boletín Oficial. Pero hay fuerte escepticismo en las empresas privatizadas sobre la vigencia del decreto. Se cree que la Justicia podría pararlo en pocos días porque la norma vulnera la Ley de Emergencia Pública.
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El decreto autoriza una suba promedio-país para consumidores residenciales de gas de 7,2%, lo que implica que los que menos consumen (según una franja variable por zona del país) no tendrán suba, y el resto de los domicilios tendrá un ajuste -siempre en términos promedio- de $ 1,47 incluyendo impuestos. Informate más
Esto se atribuye a que la Secretaría de Energía no convalidó el precio máximo de $ 0,36 desde 1997, y en las estaciones interpretaron que el valor estaba desregulado, cuando en realidad no lo está. El viernes, la Secretaría de Defensa de la Competencia ya sancionó a estaciones de servicio de Rosario, y se anticipan nuevas medidas en otras provincias.
En el caso de la electricidad, el ajuste de tarifas está menos claro. El gobierno habla de 9% promedio para todos los usuarios de Edenor, Edesur y Edelap, las únicas distribuidoras que están bajo jurisdicción del Estado nacional. Como el promedio exceptúa a los que consumen menos de 300 kilovatios por bimestre, las subas reales serían de 11% a residenciales y hasta 16% para comercios e industrias.
Además de esto, rige una suba en las tarifas eléctricas de todo el país en la parte que corresponde a la transmisión eléctrica, que también depende del Estado nacional. Esto derivaría en una suba de 3 a 5% en las tarifas del interior del país, salvo que se trate de una empresa de un estado provincial que quiera asumir el costo, lo que en realidad parece poco posible en este momento.
De todas formas, las empresas privatizadas y aun los funcionarios oficiales son escépticos sobre la aplicación de los aumentos.
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