El gobierno le reclamará a Francia que financie un megaplan de restauración de los edificios históricos de la Ciudad de Buenos Aires construidos en el siglo XX por arquitectos franceses y que hoy son una joya del patrimonio cultural internacional. También le pedirá al gobierno de Lionel Jospin que prohíba el paso de buques con basura nuclear por la zona de Malvinas porque le produce inconvenientes a la administración de Fernando de la Rúa con la opinión pública y ocasiona gastos en vigilancia a la Marina de Guerra y a la Prefectura. En la visita que inicia esta noche Adalberto Rodríguez Giavarini a París, el canciller lleva otra queja, ahora al titular de la UNESCO, para que esa oficina de ONU no levante su representación en Buenos Aires para llevarla a Montevideo.
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Esta lista de pedidos es la única artillería que tiene el canciller para contrarrestar los reclamos con que lo espera el gobierno de Francia, cuya agenda con la Argentina está encabezada por el juicio que se les ha iniciado a las automotrices Renault y Peugeot por presunto contrabando. En las entrevistas que tiene comprometidas Giavarini para el miércoles con el canciller Hubert Védrine y para el jueves con Jospin, los anfitriones le repetirán que el gobierno de Francia ve con malos ojos que se le quieran cobrar sumas que en algunos casos superan el patrimonio de esas empresas. En el caso de Renault, el juez que investiga esas causas por presunto contrabando fijó la multa en alrededor de los $ 500 millones, mientras que a Peugeot (ex SEVEL) se le piden $ 180 millones.
El canciller está obligado a responder lo que han dicho desde el Presidente hacia abajo ante reclamos anteriores: éste es un asunto de la Justicia, no podemos hacer nada, como ustedes no podrían como gobierno hacer nada ante un tema judicial. Giavarini agregará que el gobierno ya hizo un gesto: retirarse como parte querellante de esas causas a través de la DGI con el argumento de que hay que proteger las inversiones. Una cámara, como es sabido, rechazó ese gesto de buena voluntad y puso de nuevo al gobierno en el expediente. Giavarini repetirá que la Argentina cree en serio que en esos juicios no está procesado un país, Francia, y que el gobierno tiene la mejor voluntad de solucionar estos casos que, dirá, son un arrastre del gobierno anterior y que por eso no se deben cargar las tintas sobre el Ejecutivo de De la Rúa. Más allá de las palabras, a Francia estos juicios la hieren en el corazón por la figura de la acusación y por más que se trate de empresas de capital privado son firmas y marcas de bandera de ese país.
A la Argentina le preocupa que esas empresas, a pesar de haber jurado no levantar sus actuales planes de inversión, no incluyan al país en sus programas futuros. «Esta cuestión no convierte a la Argentina en un país amigable para los negocios de Francia», es el argumento empresarial y diplomático de Francia. La señal quedó en claro cuando se negoció el blindaje financiero a la Argentina en diciembre pasado: Francia no participó ni con una moneda, cuando es un lugar donde tiene importantísimas inversiones que, como hizo España, le hubiera convenido proteger con ese auxilio. París miró para otro lado mientras que España aportó $ 1.000 millones.
Edificios históricos
Cuando haya sido repetido todo esto en el Quai d'Orsay (cancillería) y en el Elíseo (palacio de gobierno), Giavarini pelará la carpetita de los pedidos. Primero hará un repaso del aporte invalorable de Francia a la cultura argentina y se centrará en el estado de los edificios históricos ligados a la arquitectura francesa de la belle époque. El estado de algunos de ellos, dirá el funcionario, es lamentable y Francia tiene que ayudarnos a reconstruirlos, como España en su momento auspició con dinero la reconstrucción de parte de la Avenida de Mayo, calle ligada a la vida española en Buenos Aires. El programa que lleva Giavarini tiene dos edificios para empezar: el palacio Errázuriz, donde funcionan el Museo de Arte Decorativo y la Academia Argentina de Letras, en Libertador y Sánchez de Bustamante, y el Palacio Paz, donde funciona hoy el Círculo Militar. El primero es obra de René Sergent, el mismo que construyó otras dos joyas: el palacio Bosch (hoy residencia del embajador de los EE.UU.), sobre Libertador y Oro, y el Palacio Atucha, un coqueto edificio de departamentos en Arroyo y Cerrito. Estas dos últimas no necesitan restauración: el gobierno de Clinton dedicó dinero y tiempo (más de dos años de obras) a dejarlas en condiciones. Ese gobierno, además, se negó a que se declarase al palacio Errázuriz como monumento histórico -es un activo gubernamental que perdería precio en el mercado si se le pone esa cucarda.
Desidia presupuestaria
El Círculo Militar sufre los ajustes del presupuesto y compensa gastos con el alquiler para fiestas y casamientos, pero necesita de una mano que acerque París. Lo construyó Louis Sortais y pertenece al mismo ciclo de otras tres obras por las que se pedirá también dinero: el palacio del Correo Central (sede de ese servicio privatizado pero en alquiler, lo usan también dependencias del ex Ministerio de Infraestructura), el Colegio Nacional Buenos Aires (Moreno y Bolívar), y el más arruinado de todos, el palacio de Tribunales, en Talcahuano y Lavalle.
Los tres pertenecen al ingenio de Norbert Maillart, que ha resultado perjudicado por la desidia del presupuesto público que paga los gastos de esas tres reparticiones estatales. Otras joyas de la arquitectura francesa del mismo período no necesitan ayuda de nadie: el palacio Ortiz Basualdo, de Paul Pater, lo restauró antes ya el gobierno de Francia, que lo tiene como sede de la embajada; el hipódromo de Palermo, de Louis Faure Dujarric, lo restauraron las empresas que tomaron la concesión del juego y de los edificios que se alquilan para eventos; el palacio Celedonio Pereda, de Jules Dormal, es hoy la residencia del embajador del Brasil, que la mantiene impecable. Giavarini argumentará que el gobierno tiene la mejor intención de honrar moralmente esa tradición afrancesada pero que no tiene un peso para gastar en ladrillos. Esa, les aconsejará el canciller a Védrine y a Jospin, es una misión de los franceses.
El segundo pedido al gobierno francés es más áspero. Que no se autorice más la ruta del Cabo de Hornos, que obliga a los barcos a pasar cerca de Malvinas para el tránsito de basura nuclear desde Francia hasta Japón.
La minuta que lleva Giavarini admite que barcos como el Pacific Swan (pasó en diciembre acompañado por una murga de Greenpeace) transitan por aguas internacionales y la Argentina no puede hacer nada. Pero, continúa el breafing, la gente se queja lo mismo y acusa al gobierno de no hacer nada, de admitir que se envenene el agua y que se ponga en riesgo la vida de los pingüinos. Eso castiga desde la opinión a un gobierno que no tiene muchas explicaciones que dar porque son viajes de otros sobre las aguas de todos. Además, sigue la queja, nos obliga a gastar en partidas de avistaje de la Marina de Guerra y de la Prefectura para controlar que el barco se acerque al mar territorial, algo que se sabe nunca hará, pero esa vigilancia también la pide el público. ¿Soluciones? No tenemos, pero por favor no pasen más por acá, usen el canal de Panamá, usen la ruta del Indico, cualquier cosa, pero por favor evítennos ese disgusto. La última queja en Francia no es ante el gobierno sino ante las autoridades de la UNESCO, hoy manejada por el japonés Matsuura, con quien el país está a punto de librar una guerra terminal. Este heredero del flamboyant Mayor Zaragoza decidió, apenas asumió el año pasado, un ajuste formidable sobre las cuentas siempre deficitarias de esta agencia de la ONU para la ciencia y el arte, del cual forma parte la orden de cierre de la delegación en Buenos Aires.
Si esto prospera, el gobierno de De la Rúa creerá estar en la mayor de las pesadillas: el nombre de la alianza que lo llevó al gobierno lleva la palabra «educación» y la UNESCO la premia levantándole los embajadores (en realidad es una oficina de representación no diplomática). La idea de Matsuura es concentrar todas esas tareas en la delegación que siempre tuvo la UNESCO en Montevideo, adonde se atendían proyectos educativos (a cargo del aliancista Juan Carlos Tedesco, eterno candidato a cargos en el gobierno que nunca logra) y científicos (también a cargo de otra oficina en Santiago de Chile, que continuará abierta).
