El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El funcionario calculó que el monto reclamado al gobierno en querellas presentadas en ese organismo contra la pesificación de tarifas "equivalen a un año de presupuesto de los tres poderes" de la Nación.
"Argentina tiene 32 demandas operativas en este tribunal que suman en la pretensión de todos los demandantes una cifra que es equivalente a un año del presupuesto argentino en los tres poderes", precisó.
En declaraciones radiales, expresó su satisfacción porque el CIADI -dependiente del Banco Mundial- desechó el pedido de confidencialidad presentado por la firma norteamericana CMS para que no se difundan detalles de la puja legal millonaria que mantiene con el Estado argentino.
"Argentina en este caso tuvo un pequeño gran triunfo que es quebrar el principio de confidencialidad que regía en estos procesos" y reiteró que "en función de los intereses en juego no podemos mantener la privacidad en estos temas" y además se "violaba la forma republicana de gobierno".
Rosatti, que representa al gobierno argentino en el conflicto que se dirime en el tribunal con sede en París, aseguró que el Estado está desarrollando "una defensa técnica seria, digna y con testigos calificados".
El ministro puntualizó que mañana culminarán las audiencias con la presentación que hará de los alegatos y pruebas ante el tribunal, pero estimó que recién habrá "una definición en los primeros meses de 2005".
"Se especula que puede ser en marzo o abril de 2005", comentó el funcionario, para luego relativizar las consecuencias en caso de que Argentina pierda este caso testigo.
En ese sentido, al explicar que como en esta ocasión la demanda es presentada por un accionista minoritario "Argentina tiene una reserva para plantear eventualmente una hipótesis de nulidad".
Al respecto, indicó que esto es porque en este caso "la empresa licenciataria está renegociando en la Argentina, y es un accionista minoritario está haciendo el juicio".
De todos modos, dijo que los laudos que emita un tribunal arbitral "tienen fuerza de una sentencia, pero siempre está vigente que no deben agraviar ningún principio de derecho público argentino porque sino estarían violando la Constitución".
Rosatti se mostró optimista, al considerar que "está dado un margen temporal para que el proceso de renegociación llegue a buen puerto con varias licenciatarias, si así fuese, entonces si los casos se caerían".
La empresa CMS, accionista de la empresa de gasoductos TGN, reclama a Argentina una compensación por 260 millones de dólares por el perjuicio que le ocasionó la pesificación en sus tarifas.
Dejá tu comentario