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Desde la primera hora del viernes, las empresas que hubieran estado afectadas por el Decreto Nº 53 -petroleras, automotrices, privatizadas, entre otras-mantuvieron contactos con las distintas áreas del gobierno para pedir explicaciones y criticar la iniciativa, y llegaron a recibirse llamadas desde algunas embajadas europeas.
Esta explicación se fundamentaría en que el inciso «l» redolarizaba los créditos que hubieran sido concedidos por un banco local, pero actuando por cuenta y orden de su casa matriz, no podía ponerse en práctica porque no existe un registro de movimiento de capitales en el país.
El «error técnico» o «blooper» del gabinete que firmó el decreto de necesidad y urgencia, suscitó suspicacias, luego de que sus artículos polémicos fueran derogados en cuestión de horas.
En las empresas no se cree que todo un artículo de un decreto pueda ser un error que pase inadvertido, y se sospecha que alguien «se tiró un lance, a ver qué pasaba». Sin embargo, la celeridad de la marcha atrás demostraría que quien dejó pasar el error técnico no contaba con suficiente aval como para que la medida sobreviviera más de unas horas.
Dicho de otra forma, en las compañías privadas controladas por empresas extranjeras, se piensa que si detrás del decreto hubiera habido una decisión a nivel presidencial, se habría suscitado por lo menos una negociación hasta llegar a un cambio.
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