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"Si hubiese un programa (crediticio) futuro del Fondo, las autoridades deberían desarrollar una estrategia realista para lidiar con los acreedores que no participaron" en el canje, dijo Thomas Dawson, el portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Dawson no quiso especificar los elementos o principios que debería contener esa estrategia y simplemente explicó que "ese enfoque se enmarca en nuestra Política de Préstamo a Países en Suspensión de Pagos (LIA, su sigla en inglés)".
"No creo que puedo entrar más en el tema porque tenemos que hacerlo en ese contexto", añadió.
Esa política establece que el FMI sólo podrá firmar un acuerdo crediticio con un país miembro si éste "está realizando un esfuerzo de buena fe para alcanzar un acuerdo de colaboración con sus acreedores".
Casi un 24 por ciento de los dueños de títulos en mora argentinos no aceptó la oferta del Gobierno, lo que constituye un porcentaje muy alto en comparación a operaciones similares de otros países, donde rondó el 10 por ciento. El Gobierno ha descartado la reapertura del canje.
No obstante, el FMI, con su director gerente, Rodrigo Rato, a la cabeza, insiste en que para resolver el problema la Argentina tiene que desarrollar una "estrategia realista", lo que sería "importante en el contexto de un futuro programa (del Fondo) y es también obviamente algo de interés para el Fondo en todo caso", dijo Dawson.
La LIA alerta de que "en algunos casos las demandas generalizadas (en los tribunales) podrían tener un impacto adverso grave" sobre la capacidad del país de cumplir los compromisos generalmente incluidos en los programas con el Fondo.
La Argentina suspendió en agosto el programa crediticio que tenía con el FMI para concentrarse en el canje de la deuda, el cual se cerró en enero, y actualmente negocia con este organismo las bases de la futura relación mutua.
El 1 de abril el Gobierno debía haber cambiado los títulos antiguos por los nuevos, pero se vio obligado a suspender la operación por el embargo de bonos por valor de 7.000 millones de dólares ordenado por un tribunal de Nueva York.
La acción judicial fue el resultado de una demanda interpuesta por el fondo especulativo NML Capital, que no aceptó la oferta de canje y exige que la Argentina honre los bonos en cese de pagos que posee por unos 360 millones de dólares.
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