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2 de abril 2007 - 00:00

Se endeuda el gobierno con los jubilados para maquillar la caja

Ya no sorprenden los mecanismos a los que recurre el gobierno con tal de poder compensar el desborde del gasto público, que viene creciendo a un ritmo de 42% anual. Camuflado bajo la reforma previsional, el Estado se queda ya con los aportes de los trabajadores que no hayan optado entre la jubilación estatal o la privada. También desde setiembre, tomará todo lo que hayan ahorrado los mayores de 50 años y que tengan hasta $ 20.000 en sus cuentas de las AFJP. De esta manera, el gobierno tapa agujeros en las cuentas públicas pero pasando el problema para dentro de 15 o 20 años, cuando otra administración tenga que pagar esas jubilaciones. Se repite, lamentablemente, un clásico de la historia económica del país, con el Estado alzándose con aportes de trabajadores. ¿Culminará esta decisión nuevamente en pago de bonos a jubilados? No sería raro.

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El Estado se hará de hasta $ 5.600 millones entre setiembre y diciembre de este año, que corresponden a más de 1,2 millón de aportantes a las AFJP que pasarán automáticamente al sistema de reparto. Este es el mecanismo que utilizará el gobierno para conseguir que el superávit fiscal se mantenga elevado, ya que las estimaciones preliminares lo situaban por debajo de 3% del PBI para 2007 contra un promedio superior a 3,5% de los últimos cuatro años.

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Aunque se trata de un monto de máxima, fuentes oficiales confiaron que la cifra que se maneja con mayor seguridad es la de $ 5.000 millones, dependiendo de la cantidad de gente que finalmente sea traspasada de las AFJP al Estado. Semejante ingreso le agregará no menos de 1,5% al superávit del sector público nacional, con lo que tranquilamente 2007 finalizaría con un resultado a favor en las cuentas públicas no inferior a 4% del PBI.

Además, le permitiría al gobierno, por ejemplo, gastar a cuenta pocos meses antes de las elecciones, sabiendo que se producirá un ingreso extraordinario.

Por supuesto, es discutible si estos recursos efectivamente pasan a control del Estado, ya que quedarán bajo administración del Banco Nación. Se trata de acciones, bonos y otros activos que deberían mantenerse en ese estado y que no pueden ser vendidos por el gobierno para conseguir liquidez, ya que se supone que pertenecen al ex afiliado.

Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron que este ingreso extraordinario y por única vez será asentado a favor de la ANSeS desde setiembre. Justamente, el aumento en los gastos de la seguridad social (por incremento de haberes jubilatorios y la moratoria previsional) es uno de los componentes que comenzó a erosionar de manera sustancial el ahorro de las cuentas públicas. También impactan de manera significativa el incremento de los subsidios y de la obra pública.

El universo de los que pasarán de las AFJP al Estado está conformado por aportantes que no les alcanza por años de aporte a jubilarse antes de los 65 años y que tienen menos de $ 20.000 en sus cuentas de capitalización. Según se dispuso en la ley que modifica las reglas del sistema previsional, los aportantes tendrán que indicar expresamente que desean continuar en el fondo de pensión. Si no lo hacen, automáticamente pasarán al sistema de reparto a partir del 1 de enero de 2007.

  • Opción inversa

    A este esquema se lo denomina «opción inversa», ya que el resto de los aportantes de las AFJP deberán manifestar expresamente su voluntad de volver al reparto y no al revés. Dentro de la «opción inversa» también están incluidos los indecisos: si no lo eligen expresamentepasarán a reparto en vez de ser enviados por sorteo a un fondo de pensión como ocurre hasta ahora.

    El nuevo esquema para los aportantes que no tienen posibilidad de llegar a una jubilación a los 65 años está incluido, en verdad, en la nueva ley jubilatoria. Pero en las próximas semanas la ANSeS, a través de su titular, Sergio Massa, saldrá a detallar el funcionamiento del nuevo sistema.

    Básicamente, se trata de personas que ya aportaron al Estado y ahora lo están haciendo a una AFJP. Debería llegar a los 65 años con 30 años de aporte para jubilarse. Pero si pasados los 50 años ya está claro que no podrá cumplimentar esos años de aporte al momento de jubilarse, se incorpora a este esquema denominado « jubilación por edad avanzada».

    Algunos datos adicionales para tener en cuenta sobre este nuevo sistema y el efecto que tendrá en las cuentas públicas:

  • El traspaso de quienes entren al sistema de jubilación por edad avanzada se ejecutará progresivamente entre setiembre y diciembre. El resto de los afiliados a una AFJP que opte por volver al Estado recién podrá hacerlo a partir de enero de 2008.

  • El motivo del «apuro» oficial para que se haga este traspaso es más que obvio: hacerse lo antes posible de los recursos que el público ahorró en las cuentas de capitalización en los últimos años.

  • En este caso particular, los fondos que van a la ANSeS quedarán administrados por el Banco Nación, incluyendo plazos fijos, bonos, acciones y fondos comunes de inversión. Así se dispuso en el artículo 17 de la nueva ley previsional. Los dividendos (o intereses) que surjan de estos instrumentos irán directamente a la cuenta de la ANSeS.

  • Es el único caso en el que los recursos acumulados en una AFJP vuelven al Estado. El resto de los actuales afiliados que se pasen al reparto -opción que podrán ejercer a partir del 12 de abril-mantendrán el ahorro efectuado al fondo de pensión hasta el momento de la jubilación. . El universo de 1,2 millón de futuros jubilados que se incorpora al Estado se suman a los 880.000 que ya están cobrando jubilación por el esquema de moratoria previsional, que permitió jubilarse a los 65 años sin contar con los años de aporte, pero pagando una cuota mensual. La inscripción a este beneficio vence el 30 de abril. Luego seguirá la «jubilación por edad avanzada», al que recién se puede acceder a los 70 años para los hombres y a los 65 para las mujeres, es decir 5 años más tarde que la jubilación convencional.

  • Los indecisos que este año serán derivados al Estado dejarán a las arcas oficiales sólo $ 140 millones este año, ya que el sistema se pone en marcha desde mayo. Pero para 2008 aportarían unos $ 700 millones por año.
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