El otro cuestionamiento que se le hace es su legalidad. Sucede que, por la Constitución, sólo el Poder Legislativo tiene la facultad de crear un impuesto y determinar el sector al que será aplicado y la alícuota que se cobrará. Como en la norma que busca el oficialismo esta facultad queda para el Ejecutivo, se teme que algún nuevo contribuyente recurra a la Justicia reclamando su inconstitucionalidad.
La defensa que hizo el oficialismo es que no se trata de un impuesto, sino de una
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