10 de abril 2002 - 00:00

¿Se viene otro juicio al Estado?

Un dato llamativo es que, en la nota a la Comisión Nacional de Valores, Aguas Argentinas expresó que «seguirá haciendo sus mejores esfuerzos para asegurar a la población la continuidad de servicios de buena calidad y que sus asesores financieros y legales en materia de derecho argentino e internacional la estarán asistiendo en el desarrollo de este plan».

La mención del asesoramiento legal debe verse en un contexto donde ya dos empresas privatizadas de agua a nivel provincial: Aguas del Aconquija en Tucumán y Azurix en la provincia de Buenos Aires se retiraron del negocio e iniciaron acciones legales.

Esos casos, al margen de las características particulares de cada situación, evidenciaron el gran problema que plantea el servicio de agua y cloacas en manos privados: la inconsistencia entre la necesidad de fuertes inversiones y la imposibilidad de pago de gran parte de los usuarios para que se trate de un negocio aceptablemente rentable.

El accionista controlante de Aguas del Aconquija era Vivendi, empresa francesa que tiene 7,55% de Aguas Argentinas. En esta compa-ñía, 39,93% del capital social es del grupo Suez, también francés; 25,01%, de Aguas de Barcelona; 8,26%, del Banco de Galicia; 4,25%, de Anglian Water de origen inglés; y 5%, de la Corporación Financiera Internacional. Otro 10% corresponde al programa de propiedad participada (PPP).

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