Las petroleras que operan en Bolivia apuestan por ahora al acuerdo más que a la confrontación con Evo Morales. Ayer, la española Repsol anunció que se asociará al Estado boliviano para la explotación de hidrocarburos y dio a conocer un plan de inversiones, pese a las denuncias que recibió por parte de miembros del nuevo gobierno indigenista. En sus primeras semanas en el cargo, Morales fue ganando en agresividad hacia la inversión externa, lo que hizo temer que sus discursos de campaña se plasmaran en medidas concretas. Aunque el clima es adverso, da la sensación de que el nuevo gobierno opera con cierto pragmatismo, y por ello las empresas del sector van gradualmente renegociando sus contratos.
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«Vamos a ser socios, ya veremos cómo se instrumenta esa sociedad», informó el principal ejecutivo de la empresa, Julio Gavito, tras reunirse con el presidente de YPFB, Julio Alvarado. El anuncio se registró tres días después de que la brasileña Petrobras anunciara inversiones por u$s 5.000 millones en Bolivia, en sociedad con la petrolera local.
YPFB, aún en estado residual tras su privatización hace nueve años, formará una sociedad sin aportar capital y en base a los recursos gasíferos que Bolivia posee en el centro subandino, en el sudeste y principalmente en el sur de su territorio.
Por su parte, Repsol YPF controla 25,7% de las reservas gasíferas bolivianas, las segundas más importantes en Sudamérica con 1,55 billón de metros cúbicos y opera en el país en la modalidad de riesgo compartido desde 1996. Comenzó protegida por una ley petrolera que fue sustituida en mayo último por otra de sesgo estatista, que elevó a 50% los impuestos y recuperó la propiedad estatal en el punto de producción.
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