Senado avanza con lupa sobre deudas de la empresa

Economía

La oposición no se retiraría del recinto, pese a que insiste con el no tratamiento de temas por fuera de la pandemia que establece el protocolo de trabajo virtual en la Cámara alta. Quejas por supuestas mayorías necesarias.

El kirchnerismo votará hoy en el Senado un proyecto para crear una comisión bicameral investigadora que escaneará “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin S.A.I.C., posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de cereales y soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida entre los años 2016 y 2019”. Es decir, durante el macrismo.

La iniciativa, impulsada en la Cámara alta por el neuquino Oscar Parrilli -mano derecha de la presidenta del cuerpo, Cristina de Kirchner-, cuenta con votos de sobra para su aprobación en la sesión virtual, que se iniciará a las 15, a través de una mayoría simple. La oposición esta vez no se retiraría del recinto, pese a insistir con el no tratamiento de temas por fuera de la pandemia que establece el protocolo acordado entre las distintas fuerzas.

Desde Juntos por el Cambio sí se apuntará al reglamento del Senado, que habla de dos tercios de los votos para crear este tipo de comisiones bicamerales investigadoras. En el oficialismo deslizan que el reglamento de Diputados no aclara ese punto -lo cual deja a estas situaciones en una nebulosa- y que, al tratarse de un proyecto de ley sobre la cual la Constitución no hace mención específica, se puede avanzar a través de una mayoría simple. De esa manera, sobrarán adhesiones hoy.

El dictamen empujado por el kirchnerismo también pretende conocer supuestos “movimientos de fondos entre empresas vinculadas efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica, de provocar el déficit económico y financiero que ocasionaron el proceso concursal, como también detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”.

Por otra parte, la bicameral “deberá indagar si existieron desvíos de fondos a Empresas vinculadas al Grupo en el país y/o en el exterior, ejecutadas por los directivos y/o responsables, si evadieron tributos y otros compromisos fiscales, dejando de ingresar a las arcas estatales, ya sea a nivel Nacional, Provincial y/o Municipal, montos correspondientes a sus obligaciones tributarias; en definitiva, si han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.

El plazo de duración de la comisión será, según marca el texto, de “18 meses contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva”, y podrá “ser prorrogado por única vez por el plazo de seis meses por decisión de la mayoría de sus miembros”. Parrilli también quiere que el cuerpo en cuestión se expanda con amplitud exagerada y tenga potestad para solicitar expedientes judiciales y citar testigos.

Queja contra Frederic

El radicalismo criticó ayer a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, tras el nuevo “faltazo” a una videoconferencia de la comisión de Libertad de Expresión de Diputados. En las últimas semanas, el kirchnerismo tomó la exposición de funcionarios nacionales -simples reuniones informativas- como “logros” de la gestión legislativa.

“Nos llamó la atención sus propias declaraciones. El 8 de abril, en la Comisión de Seguridad Interior, la que habló de ciberpatrullaje fue la propia ministra, y eso nos llamó la atención a todos porque dijo que usaba esta herramienta de persecución penal para medir el humor social. La ministra intentó hacer algunas aclaraciones de manera pública, pero fueron claramente insuficientes, y por eso fuimos también a reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que considera que no es adecuada la utilización de herramientas de persecución delictiva para medir el humor social o la expresión de la sociedad en plataformas digitales”, manifestó la legisladora radical Karina Banfi.

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