El gobierno decidió vetar la eliminación del tope salarial de $ 4.800 que rige para el cálculo de aportes previsionales y patronales. Esta medida significaba un incremento del costo laboral para las empresas y una reducción salarial para los cargos gerenciales. Se sumaba a la suba efectiva de la presión sobre las empresas al aumentar los aportes patronales. Mantener esa medida hubiera sido avalar una similar al impuestazo de José Luis Machinea, que quería reactivar quitándoles efectivo a los únicos sectores que pueden mantener el consumo interno en momentos de leve recuperación de la economía. En la lista de vetos se incluyó la eliminación de una prohibición para que el Tesoro transfiriera partidas de los fondos fiduciarios y parte del mayor gasto incorporado en el Congreso por obras de todo tipo en provincias y promociones fiscales varias.
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