Subirían tarifas de energía por decreto

Apremiado por la necesidad de dar respuestas ante el Fondo Monetario y por frenar una ola de fallos adversos en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, el gobierno está dando un último plazo a las empresas de gas y electricidad para llegar a un acuerdo. Si no lo hay, el próximo viernes 17, la unidad de renegociación de contratos (Uniren) empezará a emitir recomendaciones al Ejecutivo para que otorgue una suba de tarifas a esas privatizadas, pero los ingresos irían a parar a un fondo fiduciario que manejaría el Estado para obras en cada área de concesión.

El aumento sería de 15% sobre la tarifa promedio de las distribuidoras de gas de todo el país y de Edenor y Edesur, distribuidoras de electricidad que dependen del Estado nacional (al igual que Edelap, que ya llegó a un acuerdo con el Ejecutivo). Para llegar a ese ajuste se debe excluir a los usuarios residenciales, al alumbrado público y a los pequeños comercios.

• Negociadores

La avanzada comenzó por las compañías de capitales españoles (Edesur y Gas Natural BAN), en parte porque el embajador español en nuestro país, Carmelo Angulo, es uno de los más activos en la búsqueda de un entendimiento entre el gobierno de Néstor Kirchner y las compañías, y por reflejo o por vocación, el representante argentino en Madrid, Carlos Bettini, también interviene en las negociaciones.

Según fuentes oficiales, la diferencia fundamental entre la Uniren y Endesa ( accionista de control de Edesur) pasa actualmente por las condiciones para renunciar a litigar en el CIADI. Hubo un avance: en el acuerdo con Edelap, ésta se comprometió a renunciar al CIADI cuando se llame a audiencia pública para debatir la revisión tarifaria integral en 2006. En la última propuesta que hizo Bettini a Endesa, Edesur debería renunciar al juicio una vez que esté publicado el decreto con la revisión tarifaria.

Muy poco se puede descifrar debido a la reserva de las partes, pero en apariencia Endesa le habría pedido al gobierno que la revisión tarifaria sea de común acuerdo, como paso previo a renunciar al CIADI. A su vez, los interlocutores oficiales temerían que no llegue a haber consenso sobre la revisión tarifaria, y sugieren que la decisión sobre las tarifas de los servicios públicos es privativa del Estado nacional.

• Tarifas residenciales

Con Gas Natural BAN, el problema no es el CIADI, porque esta empresa anunció que renuncia al litigio. La compañía está pidiendo una recomposición de tarifas que incluya a los residenciales de alto consumo, por dos razones: porque en su zona es más alta la incidencia de los hogares en el total de ingresos y en segundo lugar, porque presta el servicio en casas lujosas de la zona norte del conurbano bonaerense que podrían afrontar una suba del gas.

El gobierno se niega a aceptar este argumento porque después debería extender el criterio a todas las distribuidoras de gas del país, y aunque no se diga directamente, la premisa es que no haya suba para hogares (más por la difusión de la noticia que por el impacto en la economía de los hogares de altos ingresos) durante este año electoral.

Finalmente, ante tales desencuentros, el ministro de Planificación, Julio De Vido, impulsaría el otorgamiento de aumentos por decreto, como para demostrar al FMI y al CIADI que hay voluntad del gobierno de arreglar la situación de las privatizadas. Sin embargo, si éstas no renuncian al CIADI o no aceptan el ajuste oficial, lo recaudado por los aumentos se terminaría depositando en un fondo fiduciario que el Estado deberá administrar para obras en cada concesión.

Llamativamente, una solución de esta naturaleza podría crear más complicaciones legales y prácticas para el Estado.