Por Daniel Marx, exsecretario de Finanzas y el director ejecutivo de Quantum Finanzas
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Es importante poder dar vuelta la página a los efectos del prologado litigio con los holdouts. Los pagos de aproximadamente 0,3% del PBI anual financiados a lo largo de unos 10 años más que se compensan con el diferencial de costos de financiamiento para el sector público (reducción por aproximadamente el 1,25% del PBI anual).
A esto habría que agregar, entre otros, los beneficios derivados de acceder al fondeo para la concreción de proyectos de inversión, la regularización del sistema de pagos y mejora de relaciones internacionales que se reflejan, entre otros, desde evitar un gasto adicional para poner en resguardo las reservas internacionales del país, hasta el de proteger los medios de transporte del Estado en el exterior de la amenaza de embargos.
La estrategia de negociación llevada adelante por el actual Gobierno incluía razonamientos en esa línea y fue impulsada por la situación fiscal y externa del país. Un trato respetuoso de las personas, incluyendo a los agentes judiciales, permitió que llegara el mensaje al despropósito cálculo de intereses incluidos en el reclamo de los demandantes y que Argentina obtuviese la simpatía de varios actores influyentes en las decisiones de finanzas internacionales.
En ese contexto, resultó determinante la reciente decisión judicial en EEUU estableciendo las formas en que Argentina normalizaría su acceso a los mercados internacionales de crédito, a la vez, de quitar herramientas de presión que tenían los litigantes. Otro importante elemento persuasivo para los demandantes habría sido que, luego de las decisiones judiciales en firme, pasan a devengar una tasa hoy menor al 0,75% anual sobre su reclamo.
Al evaluar el trámite que ha tenido la negociación con los holdouts, no debemos olvidar de analizar, para corregir cuestiones particulares en la defensa, estrategia y formas de llevar adelante el caso. Ello sin olvidar la conveniencia de generar un marco internacional para la resolución de dificultades en las deudas soberanas. La experiencia reciente debería servir para conformar un sistema de negociaciones en el que la distribución de las cargas entre deudores y acreedores no genere ventajas extraordinarias para unos pocos costeadas por terceros.
No debe confundirse el hecho de superar este escollo con haber solucionado los desafíos que tiene hoy la economía argentina. Pasar a ser un país normalizado también implica estar sujeto a las circunstancias y los análisis de esta categoría. En ese sentido queda el trabajo de hacer más sustentable la dinámica de la deuda a la luz de las necesidades fiscales existentes y el nivel no tan bajo de pasivos del sector público, particularmente cuando se contabilizan las contingencias y se consolidan sus cuentas.
Otra cuestión es la agenda de desarrollo y competitividad donde Argentina muestra importantes falencias aun cuando existe una gran potencialidad, pero su atención insume importantes recursos y requiere tiempo. Tengamos en cuenta que el ciclo externo no es tan favorable para el país, como queda reflejado en los menores precios de nuestros productos exportables, en devaluaciones de monedas frente al dólar estadounidense y en la reducción de los flujos de fondos hacia países emergentes.
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