Surgen más pruebas de deudas de los Greco con el Estado

Roberto Lavagna

Las cuentas del Estado argentino pueden convertirse en ocasiones en una suerte de tren fantasma donde todo puede encontrarse. Uno de los casos, no poco frecuente, es el de los deudores que revisten al mismo tiempo la categoría de acreedores del país. A esta curiosa cualidad no podían ser ajenos los integrantes del ex Grupo Greco. Como si no faltaran sorpresas dentro de este escándalo se conoció ahora que en la cuenta de inversión de 2004 y 2005 -casi con seguridad se corroborará lo mismo en la de 2006 cuando sea enviada al Congreso en junio de este año-, el Estado previsionó por incobrable al Grupo Greco.

En términos más llanos esto significa: que en la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo hace cada año sobre la ejecución de gastos y utilización de los recursos de esos años aparecen los Greco como deudores del Estado.

El monto por incobrabilidad asignado en las planillas de las cuentas de inversión de esos dos años es mucho menor que el saldo de la deuda reclamada por los Greco al Estado, pero marca claramente que en los registros oficiales aparecen como deudores.

Previsión

Tanto en la cuenta de inversión de 2004 como de 2005 aparece claramente identificada la previsión por incobrabilidad. Textualmente esa planilla, que puede consultarse libremente por Internet en el sitio del Ministerio de Economía, aparece en el rubro «Previsión para incobrables» la siguiente explicación: «Debido a que no se han producido en el ejercicio variaciones significativas en las condiciones de las cuentas a cobrar, se han mantenido las previsiones calculadas al 31/12/03, de acuerdo con el siguiente detalle: Intervención Ley Nº 22.229 'Grupo Greco' 10.184.800,00".

El grupo mendocino aparece entonces como deudor del Estado dentro de una lista de otros morosos en la misma situación.

Teniendo en cuenta la marcha de este escándalo, que comenzó cuando el Ministerio de Economía envió al Congreso un proyecto de ley solicitando autorización para emitir Bonos de Consolidación y cancelar así una serie de deudas entre las que se incluyeron los $ 578 millones para los Greco, son varias las afirmaciones y preguntas que se generan:

Si el Estado incluye a alguna persona o empresa dentro de una lista de incobrables, previsionando contablemente fondos, es porque se considera a ese moroso de difícil cobro. Por lo tanto se está hablando de un deudor.   

Entonces, si el país es acreedor, ¿por qué termina pagándole a un deudor, sin siquiera incluir esa incobrabilidad en las liquidaciones judiciales? De hecho la homologación de la sentencia de pago a los Greco fue aceptada por el Estado en el juzgado de Francisco de Asís Soto condenando al Ministerio de Economía a cancelar $ 332 millones que luego con actualizaciones y astreintes llegó a la cifra del escándalo de $ 578 millones, liquidación que aún es investigada. Nada se habló allí de deudas con el Estado, muchas de las cuales habían sido presentadas como prueba por la anterior defensora del fisco, María Eugenia Martínez.

No se explica que la misma administración que incluye en la lista de incobrables a los Greco, aunque fuera por un monto menor, acepte un pago judicial a estos. Pero menos que se los haya incluido en esa lista de incobrables cuando, supuestamente, se les estaba reconociendo a su favor una cifra multimillonaria por lo menos desde la administración de Roberto Lavagna.

Esa revisión de las dos cuentas de inversión que están ahora en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas comenzó a dar sus frutos. Tanto diputados como senadores del radicalismo presentarán los antecedentes en la investigación para saber si Felisa Miceli estaba al tanto de esa inclusión en la rendición de cuentas al Congreso. Ahora la intención es llegar a saber si no debería exigírsele algún pago al ex grupo mendocino en lugar de reconocerles fondos. Sería, además, la segunda vez, si se acepta que la ministra no conocía parte del contenido del proyecto de ley enviado para emitir los bonos, que Miceli firma algo sin conocer su contenido.

Otras deudas

Pero no es la primera ocasión en que se analizan deudas que los Greco mantenían con el Estado. Los abogados del Ministerio de Economía anteriores a la gestión de Yolanda Eggink juran que el Estado no pagó antes a los Greco porque éstos nunca cumplieron con las obligaciones que habían tomado en el acuerdo firmado con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987.

Y que en la liquidación final no se tomaron en cuenta los pagos que hizo el Estado a cuenta de deudas de los Greco, algunas para mantener sus empresas o para cubrir a acreedores.

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (una ONG ligada al ARI de Elisa Carrió) ya se presentó hace más de un mes ante el juez federal Sergio Torres con un informe donde se explica que «no se les debe un peso a estos empresarios inescrupulosos. El Estado se hizo cargo de una deuda de unos 9.000 millones de pesos que nunca fue saldada por el grupo económico, ocasionando un perjuicio irreparable», dijeron.

Ese parece ser el próximo paso. En la Auditoría General de la Nación, donde las investigaciones sobre el caso Greco están más avanzadas que la Justicia, ya se analiza el balance de incobrables del Banco Central en busca de previsiones similares a las que aparecieron en las cuentas de inversión del 2004 y 2005. Quieren saber cuál es el estado actual de la deuda histórica del Banco Los Andes -propiedad de los Greco hasta 1980- con el Central por redescuentos.