La Paz (EFE, ANSA) - La reforma petrolera que encara Bolivia derivó en un nuevo proyecto de ley que, por primera vez, propone obligar a las empresas a cambiar sus contratos, en consonancia con una solicitud del Congreso, que ayer comenzó a analizar la norma.
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El documento enviado por el gobierno al Parlamento plantea también la creación de una nueva firma estatal, Petrobolivia, para fiscalizar y negociar con las empresas privadas, y la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en calidad de nuevo operador en el sector. Jaime Barrenechea, presidente de la actual YPFB, y uno de los autores del nuevo plan de reforma, mostró ayer su confianza en que las compañías multinacionales que operan en Bolivia acepten las modificaciones propuestas que incluyen los postulados del referéndum sobre el gas celebrado el 18 de julio pasado.
«El país necesita adaptarse a la realidad y esperamos que las compañías petroleras que necesitamos para llevar adelante el régimen de explotación de hidrocarburo, también así lo entiendan», remarcó. Esta es la tercera versión de un proyecto de ley en materia petrolera que plantea el presidente, Carlos Mesa, este año. Las modificaciones obedecen a la exigencia de grupos parlamentarios, especialmente el liderado por el dirigente cocalero Evo Morales, que quiere que se obligue a las firmas a ajustar sus contratos a la futura ley.
• Resistencia
El cambio forzado de los contratos, que según la propuesta del Ejecutivo debe hacerse 180 días después de aprobada la ley, fue una de las posibilidades resistidas por los empresarios que, según un portavoz de la Cámara de Hidrocarburos, prefirieron ayer no pronunciarse hasta analizar la norma.
Antes del último giro en su postura, el mismo gobierno había señalado que obligar a las firmas a sustituir los 76 contratos con los que llegaron al país en 1996, atraídas por medidas de fomento de la inversión, podría desembocar en demandas de arbitraje internacional. Sin embargo, el presidente de YPFB aseguró que la ley no tiene «aspectos confiscatorios, no hay expropiación. Es un marco legal que el Ejecutivo considera razonable».
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