Lo cierto es que los valores de los servicios públicos, tarifas de transportes y peajes, se mantienen casi sin variantes desde comienzos de año gracias a las disposiciones de la ley de Emergencia Económica que dispusieron su «congelamiento» hasta la renegociación. Este congelamiento permitió que la inflación no fuera aún mayor a 37% en lo que va del año. A comienzos de agosto, el Palacio de Hacienda convocó a las 59 empresas concesionarias y licenciatarias de obras y servicios públicos para presentar sus pedidos de «ajustes tarifarios de urgencia», que se tomarán a cuenta en una futura renegociación de las concesiones.
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