Un fallo judicial suspendió las audiencias que debían empezar hoy para debatir aumentos en las tarifas de servicios públicos. El Ministerio de Economía dijo que apelará y que la medida genera «preocupación» porque forma parte del acuerdo que se estudia con el Fondo Monetario. No obstante, el proceso que realizó el Palacio de Hacienda venía siendo cuestionado por todos los sectores, incluyendo asociaciones de consumidores, entes reguladores y empresas privatizadas, por lo cual el fallo no causó sorpresas. Por la vía de la apelación, el proceso podría demorarse más de dos o tres meses hasta llegar a la Corte Suprema. Pero es improbable que suban tarifas en plena campaña pre-electoral, por lo cual el problema quedaría para el próximo gobierno, algo que Ricardo López Murphy llama el «pasivo oculto». Así, el alivio que podría generar hoy la medida judicial terminaría teniendo un costo alto para el Estado y para los usuarios en el futuro.
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La decisión de la Justicia fue calificada como «absolutamente previsible» en una de las privatizadas, considerando las desprolijidades con que se habían realizado las convocatorias. «En un tema tan delicado como éste, debió haberse cuidado mucho de cumplir con las leyes vigentes», añadió la fuente.
En el mismo sentido, en una de las eléctricas afirmaron que «si el llamado se hace mal, es porque se está buscando que lo reboten». «Ahora --añadieron-estamos nuevamente a fojas cero, con lo que se acumulan nueve meses sin toma de decisión, mientras nuestros insumos crecieron 88% y las tarifas están pesificadas y congeladas desde enero.»
A última hora de ayer, casi como para evitar que el gobierno tuviera tiempo de apelar y realizar la audiencia, la jueza Claudia Rodríguez Vidal
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