El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires «tiene un Presupuesto de ficción» y «planea generar déficit y endeudamiento que se pagarán con dinero de todos los porteños para financiar lo que no se hace con recursos ya disponibles», señaló el informe de la presidencia de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
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El organismo, que preside Matías Barroetaveña, cuestiona que no sólo no se ejecuta el Presupuesto en su totalidad,sino que hay más cargos políticos porque se crearon un nuevo ministerio, tres secretarías, 11 subsecretarías, 39 direcciones generales, 12 adjuntas y 10 organismos fuera de nivel.
En el informe de 50 páginas, se destacaron los siguientes cuestionamientos a lo ejecutado en el Presupuesto 2006 y al proyectado para 2007.
El endeudamiento es necesario para realizar inversiones en obras públicas vitales para la Ciudad, pero este año ya contaba con dinero presupuestado para obras clave y no lo utilizó.
De continuar el ritmo de ejecución correspondiente a los primeros 8 meses de gestión del Gobierno, los gastos de Capital serán ejecutados en 48% aproximadamente, lo que marca el contraste entre la promesa y la realidad: no es necesario endeudarse, basta cumplir con lo prometido.
Se plantea un Presupuesto deficitario en más de mil millones de pesos, luego de años de Presupuesto con superávit, en incumplimiento de la Ley de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal a la cual la Ciudad está adherida, a contramano del gobierno nacional que recuperó la economía con superávit y desendeudamiento, y en expresa contradicción con el propio mensaje de Presupuesto remitido por el Ejecutivo.
Propone endeudarse en más de $ 850 millones y desahorrar recursos acumulados en ejercicios precedentes para financiar obras que contaban con Presupuesto en años anteriores,pero no se hicieron.
Aun aumentando en 250% la inversión efectiva les seguiría alcanzando el dinero disponible, ya que el Ministerio de Obras Públicas, al final de los primeros 8 meses del año había ejecutado sólo 15% de su Presupuesto disponible.
No se prevén recursos para recomposición salariales, lo que muestra la falta de realismo y pone en peligro la futura prestación de servicios básicos como salud y educación.
