2 de diciembre 2008 - 00:00

Tomada defendió en Diputados el plan anticrisis del Gobierno

Carlos Tomada y Claudio Moroni en Diputados.
Carlos Tomada y Claudio Moroni en Diputados.
La Cámara de Diputados argentina comenzó hoy analizar en comisión el proyecto de presentado por el gobierno para enfrentar la crisis mediante la normalización de deudas tributarias, la regularización del empleo y la declaración y la repatriación de capitales.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Claudio Moroni, fueron los primeros en presentarse ante las comisiones de Presupuesto y de Hacienda, donde hicieron una férrea defensa de la iniciativa.

La intención del oficialismo es que el proyecto sea aprobado el miércoles 10 diciembre en Diputados, y que antes de fin de año el Senado lo convierta en ley.

Tomada inició su exposición diciendo que el eje del proyecto "tiene que ver con el empleo argentino", y agregó que la norma propuesta "constituye una respuesta racional para enfrentar los posibles impactos de una crisis internacional sobre la actividad económica" del país.

Si bien el ministro consideró que Argentina está en condiciones de superar la crisis debido a la "situación superavitaria fiscal, una correcta balanza de pagos y una solidez en el sistema financiero", destacó que es necesario "fortalecer la economía real" y para ello pidió compromiso a los empresarios.

"No creemos que con lo que haga el Estado alcance, necesitamos un compromiso y la solidaridad de todos. Trabajadores y sobre todo empresarios tienen que comprometerse para consolidar el empleo", subrayó el funcionario.

Una de las iniciativas más controvertidas es la declaración y repatriación de capitales, que permitirá el ingreso al país de fondos con bajos aranceles, del 1 al 8 por ciento según se destinen a la producción, compra de títulos públicos o sistema financiero, sin que el Estado pueda averiguar su origen.

Según denunciaron dirigentes de la oposición, esto daría vía libre al lavado de dinero de la corrupción y el narcotráfico.

Juan Carlos Morán, diputado de la opositora Coalición Cívica, sostuvo que la iniciativa es "inmoral y violatoria de los pactos internacionales", y agregó que Argentina se puede convertir en un "paraíso fiscal", debido a que se aceptará la repatriación de fondos "aunque venga de un ilícito".

Sin embargo, los funcionarios del gobierno que defendieron el proyecto en Diputados insistieron en que la prevención y el impedimento del lavado de dinero es tarea de la Justicia y que la ley no pretende proteger delitos de contribución tributaria.

En adición, aclararon que no van a poder repatriar capitales quienes hayan pedido una quiebra, tengan condena firme o delitos en sentencia firme, o hayan ejercido funciones públicas.

Sobre este punto, la embajada de Estados Unidos expresó en un comunicado que confía en que "Argentina seguirá siendo un buen socio en el esfuerzo internacional de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".

La misiva aclara la posición de Estados Unidos sobre el tema, luego de que su embajador, Earl Wayne, había manifestado el lunes que su país "sigue con atención" el tratamiento del proyecto y que confiaba en que el mismo "respete desde el primer instante lo establecido por la ley antilavado de dinero".

Otra de las medidas que ha generado polémica es el plan de facilidades de pago para todas las obligaciones tributarias y de la seguridad social vencidas o infracciones cometidas al 31 de diciembre de 2007.

La moratoria alcanza a todas las personas y empresas, incluso aquellas que enfrenten un juicio penal por evasión. Si se paga la deuda al contado, se anulará el juicio, mientras que si se acuerda un plan de pago, el proceso quedará suspendido hasta que se abone la última cuota.

Por su parte, el articulado sobre el régimen especial de regularización del empleo no registrado con prioridad en pequeñas y medianas empresas encontraría consenso entre oficialismo y oposición.

La medida prevé que las empresas que tengan hasta 10 trabajadores no registrados podrán hacerlo sin costo alguno; y las que sobrepasen el número tendrán un costo con un plan de pagos.

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