Tras aumento en electricidad, gobierno prepara suba en gas

Julio De Vido

El gobierno parece haber atravesado el Rubicón del primer ajuste tarifario sin demasiados daños: tanto el monto de los aumentos como el sector al que alcanzan fueron lo suficientemente limitados como para no provocar una rebelión de los usuarios; ni siquiera hubo protestas, salvo las esperables y habituales de las asociaciones de defensa del consumidor y de la Defensoría del Pueblo.

Por eso, casi con seguridad, en las próximas semanas se anunciaría un «retoque» en el costo del gas domiciliario que -igual que sucedió con la energía eléctrica- alcanzaría solamente a los hogares de mayor consumo.

De hecho, muchos esperaban que ayer el ministro Julio De Vido también anunciara el aumento del gas, porque desde hace meses viene hablándose de que luz y gas subirían juntos-, pero el funcionario se encargó de aclarar que no sería así. Era esperable: ningún medio del país habría podido eludir el término «tarifazo» en caso de que se hubieran aumentado dos servicios el mismo día. Así, más el encuentro de la presidente Cristina de Kirchner con su vice Julio César Cobos, el gobierno logró morigerar el impacto mediático de la medida, una preocupación constante en el régimen de los Kirchner.

De todos modos, es un hecho que la suba del gas se producirá en las próximas semanas, con los mismos argumentos utilizados para justificar el «retoque» de las tarifas eléctricas: alcance limitado, montos casi imperceptibles en la factura mensual, necesidad de financiar inversiones indispensables para asegurar la calidad del servicio. De Vido agregaría a esas razones la «cuestión garrafa»: este formato de distribución, que sólo utilizan los sectores menos favorecidos de la sociedad (aquellos hogares a los que no llegan las redes de distribución) que pagan entre $ 32 y $ 40 por una bombona; una familia humilde suele gastar dos garrafas por mes en invierno.

La intención del gobierno no pasa por la justicia social (podría haberlo hecho antes) ni por la «redistribución de los ingresos» (forma poco creíble para justificar subas que, por otra parte, están más que justificadas): los aumentos se originan en la necesidad de detener la sangría de fondos que provocan los subsidios al sector energético, que recibe del Estado cerca de $ 40.000 millones anuales por este concepto.

Castigos

Una sangría de fondos que el gobierno parece decidido a parar, tanto por voluntad de castigar a las clases medias urbanas que los «cacerolearon» en apoyo al campo como por los ya obvios problemas de caja que muestran las cuentas públicas.

Cabe apuntar, sin embargo, que en el caso de las distribuidoras eléctricas como en el de las de gas (básicamente Camuzzi, Gas Natural BAN y MetroGas) ninguna recibe subsidios oficiales. De lo que se trata con estas medidas es justamente de evitar tener que ampliar la panoplia de beneficiarios, porque todas estas distribuidoras (salvo el caso de Gas Natural BAN, por razones que se explican más abajo) tienen flujo de caja negativo.

Todas las tarifas del gas domiciliario, igual que las eléctricas, están congeladas desde 2001, con la excepción de Gas Natural BAN; la empresa española -a cambio de renunciar a su demanda ante el CIADI por incumplimiento del Estado del contrato de concesión-pactó una suba en abril del año pasado, que ya había sido prepactada en 2005.

Allí se fijó un ajuste de 15% para los clientes industriales y de 14% para los domiciliarios.A esta suba se le agregó un cargo retroactivo --que en los hogares es de cerca de $ 1 por bimestre-a pagar en 55 cuotas. Los domiciliarios lo abonan desde diciembre pasado; los industriales empezaron a pagarlo con la factura de julio.

El ajuste también comprendería a 25% de los hogares que más consumen, cuyo uso del fluido tiene un piso de 1.000 m3 anuales. Eso les cuesta alrededor de $ 600 pesospor año, o sea, $ 100 por bimestre. De aplicarse una suba de 30% -como sucedió con los usuarios de electricidad más «gastadores»-, su factura bimestral pasaría a $ 130, es decir, cincuenta centavos más por día.

La factura anual promedio de las distribuidoras de gas en el área metropolitana ronda los $ 300, o sea, $ 50 mensuales. En caso de que los alcance el aumento mínimo de 10%, la suba estaría en $ 2,50 por mes, es decir, menos de $ 0,09 diarios.

El gobierno, entonces, estaría esperando la oportunidad para poder compensar el retoque tarifario con alguna otra noticia que pueda presentar como positiva. Lo que sí parece haber quedado fuera de las cuestiones que ameritan una explicación es la influencia de estos aumentos en el índice de precios: como tanto otros valores de la economía, sabrán ser «justipreciados» por el INDEC de acuerdo con las órdenes que lleguen vía la Secretaría de Comercio Interior.