Una resolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte dispuso «el inmediato inicio de acciones judiciales» para lograr el cobro de las multas adeudadas por las concesionarias de trenes. La norma se referiría en particular a las concesiones de los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros, y según informó la CNRT, el monto de multas reclamadas y actualizadas al 31 de octubre asciende a 11,7 millones de pesos.
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La resolución que lleva el número 1.287 prevé que antes del inicio de las acciones judiciales, se cursará a las empresas «intimación fehaciente al pago, con fecha límite para su cumplimiento, la que no será susceptible de recurso alguno». En apariencia, las multas de las que se está hablando ya tuvieron un largo proceso administrativo; por eso se elimina la instancia de la apelación ante organismos del Ejecutivo.
Las penalidades aplicadas se refieren a calidad del servicio, limpieza y conservación de material rodante, seguridad y otros, entre los que se incluye demora en el envío de información de excedentes tarifarios y fondos fiduciarios, ya que con los aumentos en los pasajes del último año deben constituirse fondos para financiar las obras previstas en los contratos renegociados.
Las multas ascienden a 3,76 millones de dólares para Transporte Metropolitano, que opera las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur; a 3,5 millones para TBA, que explota los trenes Mitre y Sarmiento; 3,8 millones para Subterráneos de Buenos Aires; 622.000 pesos para la línea Urquiza, concesionada al igual que los subtes a Metrovías; y a 14.600 pesos para Ferrovías, que tiene la operación del Belgrano Norte.
Como en otras concesiones de servicios públicos, las empresas atribuyeron a incumplimientos del Estado la falta de cumplimiento propio. Aseguraron que como no se les pagó por las obras previstas en los contratos que estaban a cargo del Estado, no se las puede multar porque no tuvieron los recursos suficientes.
• Dudas
Pero a primera vista, las multas no son por obras, sino por tareas que debieron haberse efectuado. Con todo, habría que ver si en realidad se iniciarán acciones judiciales o si la CNRT está saliendo al cruce con esta resolución de críticas al servicio de trenes que se conocieron en algunos medios.
La situación es también, como en otros casos, muy complicada. El gobierno está de hecho obligado a volver a renegociar los contratos con las empresas. Exceptuando el caso de Transporte Metropolitano, donde no hubo renegociación de este gobierno y quedó vigente en apariencia el acuerdo cerrado entre las empresa y la administración anterior, las nuevas condiciones contractuales para los ferrocarriles de pasajeros se terminaron a fines del año pasado, cuando Jorge Kogan era titular de Transporte.
Pero el secretario de Transporte, Ignacio Ludueña, ya está comunicando que el Estado no podrá hacerse cargo de las erogaciones comprometidas para los próximos tres años, y parece difícil que el próximo 1 de enero haya condiciones para aplicar el nuevo aumento de 10 centavos previsto en los contratos renegociados.
Se entiende que, a partir de esas novedades, habrá una nueva discusión de las obligaciones de las empresas concesionarias, y en ese contexto podría entrar la controversia por las multas.
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