En la Unión Industrial Argentina (UIA) recibieron con inocultada preocupación las declaraciones realizadas este fin de semana por el ministro de Trabajo Carlos Tomada: el funcionario dijo que «antes de fin de año saldrá la ley de accidentes laborales», sin especificar cuál de los múltiples proyectos en danza será el que envíe el Ejecutivo para su tratamiento parlamentario.
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El tema se agrava -desde la óptica de la central fabril- porque en los próximos meses comenzarán a conocerse los primeros fallos de la Justicia laboral, de los trabajadores que tomaron la denominada «doble vía». En otras palabras: cobraron la indemnización por sus accidentes que marca la «tabla» que rige a las ART (Administradoras de Riesgos del Trabajo) y luego acudieron a los tribunales para solicitar un monto mayor.
Esto se los permitió un fallo de la Corte Suprema del 21 de setiembre de 2004 que declaró inconstitucional el artículo 39 de la Ley de Accidentes del Trabajo, que eximía de culpa civil a los empleadores por los daños sufridos por su personal. El techo para indemnizaciones que fijaba la norma dejada sin efecto por el alto tribunal era de $ 230.000, pero los damnificados pueden cobrar el monto fijado por la ley y después demandar a sus empleadores por lo que consideren justo.
Fallos
Esta facultad cuadruplicó la litigiosidad en la Justicia del Trabajo en los casi cuatro años que pasaron desde la decisión de la Corte, y ahora -según fuentes de la UIA- comenzarán a conocerse los fallos de los jueces laborales. Esto, dijo una alta fuente de la central fabril, «pondrá en peligro a muchas pymes que deberán vender la empresa para pagar las indemnizaciones o declararse en quiebra».
La preocupación por los dichos de Tomada surge del hecho de que «no nos consultan por el tema desde hace más de un año», según el dirigente fabril. Tampoco a las ART les pidieron opinión sobre cuál de las iniciativas que se barajan se enviará al Congresopara su tratamiento. «No sabemos nada», dijo un alto ejecutivo de una de las empresas del sector.
De todos modos, las cosas no cambiarían demasiado para ellas: los damnificados directos por la «doble vía» (cobro a la ART y luego acudir a tribunales para una indemnización mayor) serán los empresarios -sobre todo del sector industrial, más propensos a los accidentes graves que a los del sector servicios- que deberán hacer frente con el patrimonio de sus firmas y hasta de los suyos personales a fallos adversos.
En los pasados cuatro años se conocieron al menos tres proyectos: uno elaborado por la UIA, otro que imaginó la entonces ministra de Economía Felisa Miceli y al menos un tercero pergeñado por el abogado laboralista Héctor Recalde, representante en Diputados de la CGT. En el medio hubo diversos «mix» de los dos primeros y del segundo y del tercero; en cambio, el de la UIA y el de la CGT son incompatibles: el de los industriales -ideado por el experto Daniel Funes de Rioja- concede la «doble vía optativa y excluyente» (el trabajador puede cobrar de la ART o elegir ir a juicio, pero una opción anula la otra), mientras que el de Recalde habilita la «doble vía automática», lo que haría inútil la existencia de las ART.
El tema reapareció cuando la presidente Cristina de Kirchner convocó a los empresarios a adherir al denominado «Pacto del Bicentenario», que debería haberse firmado el pasado 25 de mayo; el conflicto con el campo lo convirtió en letra muerta.
Sin embargo, en la reunión que mantuvo la mandataria -y su entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández- con la UIA, les «sugirieron» a los empresarios reiniciar las conversaciones con la CGT para tratar de llegar a un proyecto en común. Por la central obrera quedaron a cargo de la negociación Gerardo Martínez y Juan Carlos Schmid, secretario general del pequeño gremio de Dragado y Balizamiento, pero uno de los hombres más cercanos a Hugo Moyano y uno de los miembros más pensantes de la CGT. Del lado de la UIA negociarían Funes de Rioja y Horacio Martínez, presidente de los industriales navieros y también experto laboralista. Como era de esperar, no se produjeron avances, por lo que en la UIA tiemblan ante la posibilidad de que Tomada (o sea el gobierno de los Kirchner) concrete en el Congreso la peor de sus pesadillas: la doble vía obligatoria.
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