Un antecedente negativo

Existe un antecedente que no es favorable a la pretensión del gobierno de que las privatizadas latiguean en tribunales locales. Tras un largo conflicto con el entonces gobernador de Tucumán, Antonio Bussi, la concesionaria Aguas del Aconquija, cuya accionista mayoritaria era el grupo francés Vivendi, abandonó la concesión y presentó una demanda ante el CIADI, tribunal arbitral vinculado al Banco Mundial. La empresa se respaldó, al igual que las compañías que se presentaron después de la devaluación y la ley de emergencia pública en el tratado de protección recíproca de inversiones firmado entre la Argentina y Francia.

El tribunal arbitral constituido por un representante de cada una de las partes y un tercero designado de común acuerdo, dictaminó que Aguas del Aconquija debía agotar la instancia judicial local antes de recurrir al arbitraje. Sin embargo, Aguas del Aconquija se presentó en queja ante el CIADI y un tribunal especial dictó un fallo anulatorio del primero, con lo cual la compañía quedó habilitada para iniciar nuevamente el procedimiento.