Una arbitrariedad extrema del Estado

La inestabilidad institucional y la facilidad con que nuestros gobernantes han sucumbido a ciertos lobbys y a las presiones de las estructuras partidarias han instaurado una norma de convivencia que es la principal causa de nuestros males actuales: «Toda deuda impositiva y financiera es condonable, toda obligación es exceptuable y toda propiedad es confiscable».

Una sociedad basada en estos preceptos se torna, lógicamente, muy inestable.

El que presta dinero tiene muchas dificultades para que le retornen lo prestado; el que ahorra tiene mucha incertidumbre sobre si va a recuperar su capital; el que invierte no sabe qué modificaciones sufrirán las reglas de juego; el que se endeuda para crecer, ya sea empleado, empresario o profesional, ignora cuántas veces se va a modificar el monto de lo adeudado; el que compra propiedades o tiene una industria no sabe cuántos impuestos tendrá que pagar el año que viene, etcétera.

Las leyes, el contexto normativo de nuestro país, han resultado insuficientes para crear certidumbre sobre las actitudes que tendrán nuestros gobernantes. Cada presidente desea hacer una reforma impositiva, derogando algunos impuestos e instaurando otros, resarcirle los daños a algún sector y captar las ganancias de otro que, su a juicio, ha tenido beneficios excesivos.

• Creencia

La falta de consenso en los temas principales que deben resolverse y los sucesivos fracasos de las soluciones propuestas inspiran la creencia en algunos gobernantes de que ellos son los poseedores de la gracia divina de la verdad. Así, sucesivamente, se atribuyen el poder de modificar todo sin consenso, sin necesidad de escuchar a sus gobernados, y el poder de salvar o perjudicar a la gente, de resarcirla de sus pérdidas, de condonarle sus deudas y de expropiarles sus bienes.

De esta forma, el dinero, el esfuerzo y el ahorro de los argentinos están siempre fuera de nuestras fronteras, porque nadie se puede animar a traerlo. Esto es así porque el destino del producto de su trabajo depende de la decisión de algún gobernante.

Luego de producida la crisis, los gobiernos parecen siempre decidir mal este tipo de situaciones y reiterar las actitudes permisivas. Hoy autorizan a no cumplir ciertos compromisos y mañana se conceden el permiso de no cumplir con el presupuesto nacional. El presupuesto anual, cuyo cumplimiento constituye una obligación para las autoridades de los principales países desarrollados, en nuestro país es sólo un programa tentativo de gastos aprobado por el Congreso.

Bajo el principio enunciado, el Estado termina diciendo que ciertos deudores en dólares deben ser protegidos de los efectos de la devaluación y los otros no, simplemente porque así se les ocurrió a los funcionarios. No explica por qué no deberá amparar a los otros, a los depositantes en dólares (que ahorraron para luego consumir, para vivir tranquilos sin deudas, para atender sus propias enfermedades o para viajar a ver un hijo radicado en el exterior, etc.), a los empleados que se quedaron sin trabajo, a las empresas y comercios que venden menos por la devaluación, a los empresarios a quienes les subieron los costos por los insumos importados, a los depositantes en pesos por las pérdidas que les ocasiona la devaluación, a los profesionales que deberán mantener las tarifas de sus servicios, a los asalariados cuyos ingresos perderán poder adquisitivo, a los jubilados que les pasará lo mismo, a los que contrataron con el estado precios en dólares, a los que perdieron sus intereses por tener la plata debajo del colchón o a quién sabe qué mortal lo haya afectado la devaluación.

Este, quizá, sea el momento para empezar un período de gobierno dispuesto a enmendar errores y empujar hacia adelante un país con otras reglas que no produzcan consecuencias funestas para los deudores y los ahorristas, para los productores, para los trabajadores y los inversores. Sin corridas, sin sorpresas; en resumen: un país previsible. Un país que no requiera después el desastre la discriminación autoritaria de los gobernantes que se traduce en un: «Este se salva; aquél, no», que es lo que agrava la situación y la recicla.

La eliminación de la posibilidad de futuros desastres es la vuelta al cumplimiento estricto de los compromisos, al respeto por la propiedad privada y al cumplimiento de las obligaciones. Esto es lo que nos devolverá el ahorro de los argentinos y nos traerá el de otros países.

Si no, la alternativa será que muera el ahorro. A partir de la muerte del ahorro, morirá también nuestra moneda, morirá nuestra industria sin crédito y no habrá nadie que quiera hacer el papel de malo prestando a las altas tasas que vendrán cuando no haya más ahorro. Se acabará la actividad bancaria en la Argentina por falta de inversores.

Hoy no hay lugar seguro para proteger el ahorro, porque ahorrar está mal visto en nuestro país, como está mal visto ganar dinero, como está mal visto ser banquero o como está mal visto ser empresario exitoso. Nuestra debacle es una mezcla de persecución al que genera negocios, al que gana dinero o al que ahorra.