"Una sentencia favorable en La Haya podría hacer caer fallo de Griesa"
-
Inflación de marzo: advierten que superaría el 3% por la suba de combustibles y los útiles escolares
-
Melconian cuestionó las declaraciones de Caputo y apuntó contra el plan económico del Gobierno
En esa línea, la consejera aseguró que EEUU debe responder por Griesa. "Por las normas internacionales, los Estados son responsables por los actores de sus poderes judiciales, sean federales, municipales. No pueden excusarse. Deben responder por los hechos ilícitos de su poder judicial", alertó.
"Es el Estado de los EEUU quien debe responder lo que hacen sus jueces. En La Haya los EEUU no está ausente, aunque no tiene obligación de concurrir. Estamos poniendo a disposición de las dos partes un instrumento que nos puede facilitar una solución al problema que tenemos los dos estados, pero que en el fondo es entre el Gobierno y su poder judicial", agregó.
"Con una sentencia que dispusiera que ese fallo es ilegal, EEUU podría ir a la Corte Suprema de su país y bajar la línea que dice que esto es lo que está bien y derogar el fallo (de Griesa)", sostuvo.
Por último, y antes de ceder la palabra a Timerman y Capitanich, Cerutti afirmó que el Gobierno está "esperando cómo reacciona" EEUU, "si va a aceptar esta jurisdicción o nos propone otro método de solución de controversia".
• Un reclamo legítimo
Por su parte, el jefe de Gabinete defendió el reclamo contra los Estados Unidos y justificó la "legitimidad" de la demanda. Capitanich detalló la "evolución" del litigio con los holdouts y por qué la Argentina considera que el gobierno de los Estados Unidos "tiene una responsabilidad, a través de su poder judicial, por no haber brindado seguridad jurídica durante el proceso de reestructuración de deuda".
"El 7 de octubre de 2003 NML capital demandó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por bonos externos globales emitidos el 19 octubre de 1994", explicó el funcionario, al compartir los micrófonos con Timerman y Cerutti.
"Precisamente, el 12 de diciembre de 2003, en razón de haber tomado conocimiento por parte de la demanda, se planteó la posibilidad para verificar una eventual interpretación (de la cláusula pari passu) para que no se pudiese alegar en futuros procesos de reestructuración de deuda", mencionó.
Al igual que la consejera, Capitanich recordó que ese entonces la Argentina solicitó al juez Griesa que declare que esos pagos no violarían la cláusula pari passu. "El 15 de enero de 2004 hubo una audiencia convocada por el juez Griesa, donde la Argentina estableció qué sucedería si no se trataba la interpretación de la pari passu. El informe argentino asociaba el tema al requerimiento a pro-rata, la prohibición de pagar a un acreedor, el ordenamiento del cese de pagos por no pagar a uno de sus acreedores. Era un compendio detallado de la previsibilidad de la reestructuración", señaló el funcionario.
Pero en esa reunión -según Capitanich- el juez aseguró que "no existe caso o controversia a tratar y que no era relevante opinar para el momento, ni siquiera para el futuro, y que la interpretación supuesta por la Argentina era extravagante". En esa línea, el jefe de Gabinete remarcó el fondo NML también fijó una posición diciendo que la "cuestión no estaba madura".
Sin embargo, el funcionario aclaró que a pesar de hubo "modificaciones" a la ley 489 en el estado de Nueva York, que se denomina la doctrina Champerty, y que prohíbe la compra de deuda con el objetivo de iniciar reclamos legales en la jurisdicción de Wall Street, se sospecha que "ha habido una intención manifiesta, una actitud de mala fe" de NML y Griesa al promover "un perjuicio al proceso de reestructuración de la deuda" argentina.
"Por eso es oportuno remarcar que la posición del país en los estrados judiciales, ante las diversas instancias del poder judicial de Estados Unidos ha sido coherente y sistemática", enfatizó el jefe de Ministros.
"Es muy importante ratificar la posición y lo que antes dijeron (los buitres) y lo que dijo el juez, y luego cómo se desdijo en sus fallos, y por qué las distintas instancias judiciales han convalidado una interpretación manifiestamente adversa al proceso de reestructuración de la deuda", completó.
"Por lo tanto, existe la legitimidad del reclamo y la responsabilidad del Estado en la incumbencia específica de uno de sus poderes", concluyó.




Dejá tu comentario