Las medidas buscan mejorar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, que podrán acceder a más facilidades para regularizar deudas fiscales y utilizar saldos a favor por exportaciones.
La demanda interna insuficiente fue señalada por más de la mitad de las empresas como el principal límite para aumentar la producción.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un paquete de medidas durante la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), en un encuentro atravesado por los reclamos empresarios por la caída de la actividad, la presión impositiva y las dificultades para acceder al financiamiento.
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El objetivo del Gobierno es ofrecer herramientas para mejorar la situación financiera de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas, que enfrentan problemas para afrontar sus obligaciones fiscales y sostener el capital de trabajo. Entre los anuncios hubo cambios en los plazos para regularizar deudas con ARCA, una suspensión de embargos, facilidades para utilizar saldos a favor por exportaciones y una propuesta para reducir la carga tributaria provincial.
Caputo reconoció que el costo financiero representa un problema para las pymes y sostuvo que la consolidación fiscal alcanzada por el Gobierno permite avanzar con medidas de alivio. Este es el detalle de los cinco anuncios.
El Gobierno suspenderá hasta mayo de 2027 los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre empresas y pymes. La medida busca darles margen para ordenar sus cuentas y evitar que las acciones de cobro del organismo fiscal profundicen sus dificultades financieras.
Durante la conferencia, Caputo reconoció que las pymes atraviesan problemas para afrontar sus compromisos y explicó que la decisión apunta a que puedan reorganizar sus obligaciones sin que los embargos comprometan su funcionamiento.
La suspensión no implica la condonación de las deudas ni la eliminación de las obligaciones tributarias: apunta a postergar las medidas de ejecución fiscal durante el período anunciado.
La segunda medida amplía el universo de deudas que podrán incorporarse al plan de facilidades de pago de ARCA. Hasta ahora, el régimen contemplaba obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026; con el anuncio, el Gobierno extenderá ese límite hasta el 31 de octubre.
El esquema permite regularizar deudas en hasta 18 cuotas, según las condiciones previstas para cada categoría de contribuyente. De esta manera, más empresas podrán financiar sus obligaciones fiscales y aduaneras en lugar de tener que afrontarlas en un solo pago.
Caputo señaló que el problema financiero de las pymes no necesariamente se resuelve en uno o dos meses y justificó la ampliación por la necesidad de ofrecer plazos más extensos para ordenar las cuentas.
Otra de las medidas apunta a resolver las demoras en la devolución de reintegros y saldos fiscales vinculados con las exportaciones. Según explicó Caputo, el Estado puede tardar entre seis y nueve meses en devolver esos fondos, lo que representa un problema de liquidez para las empresas.
A partir del anuncio, las pymes podrán utilizar el 100% de los saldos a favor que tengan por exportaciones o por IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. Así, podrán aplicar esos créditos fiscales a obligaciones pendientes sin tener que esperar la devolución del dinero.
La medida también alcanzará a las grandes empresas, aunque inicialmente podrán utilizar un porcentaje menor. Caputo anticipó que esa proporción irá aumentando progresivamente hasta resolver el problema de los reintegros.
El ministro también anunció que el Gobierno propondrá a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires eliminar el impuesto a los sellos, un tributo que grava distintos instrumentos y operaciones. Caputo cuestionó su impacto sobre los costos de las empresas y estimó que representa una carga equivalente a entre 0,4 y 0,5 puntos del PBI.
La iniciativa requiere la adhesión de las jurisdicciones, ya que se trata de un impuesto provincial. Por eso, no implica una eliminación automática a partir del anuncio.
Para las provincias y la Ciudad que adhieran, el Gobierno planteó un esquema de compensación vinculado con las empresas alcanzadas por los regímenes de incentivo a las inversiones RIGI y RIMI. Según explicó Caputo, Nación podría cubrir la mitad del impuesto a cambio de que las empresas resignen la otra mitad, de modo de compensar parcialmente los ingresos que dejarían de percibir las jurisdicciones.
El paquete también incluyó una línea de financiamiento del Banco Nación para la compra de vehículos, con plazos de cuatro o cinco años y una tasa fija del 20%, según los detalles informados durante el anuncio.
La iniciativa busca ampliar las alternativas de crédito para la adquisición de autos y contribuir a reactivar la actividad del sector automotor, que enfrenta dificultades para recuperar sus niveles de ventas. A diferencia de las medidas fiscales, esta herramienta apunta a estimular la demanda mediante financiamiento a mayor plazo.
El anuncio se inscribe en la estrategia oficial de impulsar el crédito como una herramienta para dinamizar la actividad económica y facilitar el acceso a bienes durables.