El Senado uruguayo votó favorablemente esta madrugada un proyecto de ley que autoriza la privatización de aeropuertos y de las rutas nacionales, uno de los puntos contemplados en el acuerdo firmado recientemente por el gobierno de Jorge Batlle con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Por su parte, el Poder Ejecutivo espera que las próximas horas el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dé su respuesta a la contrapropouesta de redestinar parte de un reciente préstamo formulada por el gobierno, que permitiría dinamizar el crédito interno.
La nueva ley de reactivación económica, que incluye la posibilidad de privatizar aeropuertos y rutas nacionales, ha generado polémicas y divisiones partidarias.
En él se incluye, como uno de los capítulos más cuestionados, la llamada "megaconcesión de obra pública", que supone la privatización de los aeropuertos y de las rutas nacionales, entre otras cosas.
También se dispondrán nuevos incentivos a la industria de la construcción, refinanciación de deudas por aportes al estatal Banco de Previsión Social (BPS) y a la Dirección Impositiva; habilitación para conceder la explotación de las arenas negras en el departamento de Rocha; un nuevo impuesto del 5,5 por ciento a los pasajes fluviales; y permisos para la explotación comercial de las gemas, piedras preciosas y semipreciosas.
Aunque falta todavía el trámite a nivel de la Cámara de Diputados se da por descontado que allí también tendrá un rápido trámite, de manera de poner en macha, este mismo año, esos planes, considerados impostergables por la alianza que gobierna Uruguay, y que integran los partidos Colorado y Nacional.
El presidente Batlle, entretanto, espera una pronta respuesta del Fondo Monetario Internacional a su pedido para cambiar el destino de 90 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que forman parte de los 1.500 millones aprobados por los organismos multilaterales de crédito, a principios de este mes.
Es intención utilizar ese dinero en planes inmediatos de reactivación del crédito para las empresas, que es el principal objetivo financiero de la administración, como forma de ir saliendo de la crisis que soportó el país en las últimas semanas.